En un hecho que conmociona a la comunidad, funcionarios de Gendarmería del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno frustraron el intento de una madre de ingresar droga y un chip de telefonía móvil ocultos en el cabello de su hija de 4 años durante una visita al recinto.
Durante la revisión de rutina, los guardias lograron detectar tres envoltorios que contenían 6,7 gramos de cocaína escondidos en el moño de la menor. Ante la gravedad de la situación, Gendarmería procedió a denunciar el hecho al Ministerio Público y a Carabineros, quienes de inmediato detuvieron a la mujer.
Madre Enfrenta Cargos y Niña Queda Bajo Cuidado Familiar
La madre de la niña será presentada este lunes ante un juez para el control de detención correspondiente. Paralelamente, el juzgado de familia de Osorno ordenó que la menor quedara bajo el cuidado de un familiar, alejada de la peligrosa situación en la que se vio involucrada.
Gendarmería Refuerza Medidas de Seguridad
Este incidente ha llevado a Gendarmería a redoblar sus esfuerzos por mantener la seguridad en el centro penitenciario de Osorno. Las autoridades han anunciado la implementación de controles más exhaustivos y el fortalecimiento de los protocolos de revisión durante las visitas, con el objetivo de evitar que se repitan este tipo de intentos de introducir sustancias ilícitas a la prisión.
Lamentablemente, este tipo de situaciones ponen en riesgo la integridad de los menores y demuestran la desesperación de algunos internos por obtener drogas dentro de los recintos penitenciarios
, señaló un portavoz de Gendarmería.
Llamado a la Responsabilidad Parental
Este caso ha generado una profunda preocupación en la comunidad, que hace un llamado a los padres a ser conscientes de los peligros que enfrentan los niños cuando se los involucra en actividades delictivas. Las autoridades resaltan la importancia de proteger a los menores y de fomentar entornos seguros y saludables para su desarrollo.
La lucha contra el narcotráfico y el tráfico de drogas en los centros penitenciarios sigue siendo un desafío constante para las instituciones encargadas de la seguridad pública. Casos como este evidencian la necesidad de redoblar esfuerzos y de trabajar en conjunto con la comunidad para erradicar estas prácticas que ponen en riesgo a los más vulnerables.
