Camanchaca, una de las principales empresas pesqueras de Chile, ha anunciado que designará un equipo legal para defenderse del proyecto de ley que busca modificar el fraccionamiento pesquero y las licencias del sector. La compañía considera que esta iniciativa, que se discute actualmente en el Congreso, representa «una amenaza» para la industria.
El objetivo del proyecto de ley es reducir las capturas industriales y aumentar las artesanales en especies clave como la anchoveta, la sardina común, la merluza común y la jibia. Sin embargo, Camanchaca argumenta que de aprobarse la ley en los términos actuales, se verían gravemente afectados los derechos adquiridos por la empresa y por toda la industria pesquera.
Defensa de Derechos y Estabilidad Jurídica
Según el gerente general de Camanchaca, Ricardo García Holtz, la ley «impondría cargas económicas desproporcionadas e injustas, atentando contra principios constitucionales como el derecho de propiedad y la confianza legítima en la estabilidad del marco regulatorio».
La compañía ha conformado un equipo interdisciplinario, liderado por el abogado Jorge Bofill Genzsch, del estudio Bofill, Escobar, Silva Abogados, para analizar los escenarios derivados de esta reforma legal y definir los cursos de acción legales necesarios para salvaguardar los intereses de la empresa.
Impacto en Accionistas, Trabajadores y Proveedores
Camanchaca ha expresado su preocupación por el hecho de que esta ley no solo afectaría a sus accionistas directos, sino también a los millones de trabajadores chilenos que, a través de sus fondos de pensiones, son accionistas indirectos de la compañía. Además, la empresa teme que la nueva ley ponga en riesgo la estabilidad laboral de sus trabajadores, el sustento de sus proveedores y la continuidad de sus inversiones.
Según García Holtz, el proyecto de ley «busca otorgar un beneficio a terceros que no necesariamente representan al pescador artesanal que la ciudadanía esperaría proteger, sino a propietarios de embarcaciones de gran escala y alto valor económico».
En resumen, Camanchaca se prepara para llevar a la justicia el proyecto de ley que busca modificar el fraccionamiento pesquero, argumentando que atenta contra principios constitucionales y pone en riesgo los intereses de accionistas, trabajadores y proveedores. La empresa está decidida a defender sus derechos adquiridos y la estabilidad jurídica que debe regir la actividad empresarial.
