En un comunicado oficial, el gobierno ha anunciado la firma de un convenio que establecerá la colaboración técnica y financiera necesaria para realizar pruebas de drogas obligatorias a las autoridades gubernamentales contempladas en la Ley de Presupuestos.
Según la glosa Nº3 del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), dependiente del Ministerio del Interior, el Presidente de la República, sus ministros de Estado y subsecretarios deberán someterse semestralmente a un control de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales
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Estandarización y Homologación del Procedimiento
Para asegurar el cumplimiento de esta normativa, el Ministerio del Interior ha abierto una licitación que adjudicará la tarea operativa a un laboratorio. Esto permitirá estandarizar el procedimiento al que ya están sometidos los funcionarios públicos, según el artículo 64 de la Ley 18.575, y homologar los criterios establecidos en el Decreto 1215 de 2006, también del Ministerio del Interior.
De esta manera, se busca garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones en la aplicación de estas pruebas, evitando cualquier tipo de discrecionalidad o trato preferencial.
Transparencia y Rendición de Cuentas
Cabe destacar que esta medida surge en respuesta a un reclamo de la oposición política, específicamente de diputados de la UDI, quienes solicitaron transparentar la información sobre qué autoridades se han sometido a estas pruebas de drogas obligatorias.
Según revelaron los gremialistas, a mediados de febrero habían presentado una solicitud de acceso a la información, pero tras un mes de espera, la Dirección Administrativa de la Presidencia derivó la solicitud a Senda, sin haber obtenido respuesta.
Con la implementación de este proceso de licitación, se espera que el gobierno pueda dar respuesta a las inquietudes de transparencia y, al mismo tiempo, fortalecer los mecanismos de prevención y control del consumo de sustancias entre las altas autoridades.
Beneficios para la Salud y la Confianza Pública
Más allá de la transparencia, estas pruebas obligatorias también tienen como objetivo promover la salud y el bienestar de los funcionarios públicos de alto nivel. Al detectar y abordar oportunamente cualquier problema de consumo de drogas, se podrá brindar el apoyo y tratamiento necesarios, evitando que estos problemas afecten el desempeño de sus funciones.
Además, esta medida contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y en el liderazgo político, al demostrar el compromiso del gobierno con la rendición de cuentas y la integridad de sus autoridades.
En resumen, la implementación de estas pruebas de drogas obligatorias para altas autoridades representa un paso importante hacia la transparencia, la prevención y la responsabilidad en el ejercicio del poder público.
