En un caso que ha generado indignación y preocupación, se ha denunciado que la administración Trump deportó ilegalmente a una niña estadounidense de 2 años, identificada como V.M.L., a Honduras junto a su madre. El juez Terry A. Doughty, de la Corte Federal de Distrito en Luisiana, expresó su profunda inquietud por este hecho, señalando que el gobierno actuó «sin un proceso significativo» y en contra de los deseos del padre de la menor, quien presentó una petición de emergencia para evitar la expulsión.
Según los documentos judiciales, V.M.L. acompañaba a su madre, Jenny Carolina López Villela, y a su hermana mayor a una cita migratoria en Nueva Orleans cuando fueron detenidas por ICE. López Villela estaba programada para una deportación acelerada el viernes. El Departamento de Justicia aseguró que la madre «quería mantener la custodia» de la niña y llevarla consigo, pero el juez Doughty cuestionó esta afirmación, señalando que «el tribunal no lo sabe».
En una petición presentada el jueves, el padre de V.M.L. relató que, durante una llamada con López Villela, escuchó llantos de ella y los niños. Según el documento, él le recordó que «su hija era ciudadana estadounidense y no podía ser deportada». También intentó darle el número de un abogado, pero los agentes interrumpieron la comunicación.
El juez Doughty, designado por el expresidente Trump, advirtió que «es ilegal e inconstitucional deportar a un ciudadano estadounidense» y fijó una audiencia para el 16 de mayo para investigar el caso. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el magistrado reveló que un abogado del Departamento de Justicia le informó que la madre y sus hijas ya habían sido «liberadas en Honduras» cuando intentó contactar a López Villela.
Este episodio se suma a una serie de controversias legales sobre las deportaciones aceleradas de la administración Trump, que han sido cuestionadas por varios jueces federales. Seis jueces ya han bloqueado intentos de expulsar a migrantes venezolanos a El Salvador bajo un estatuto de tiempos de guerra, y el gobierno también enfrenta críticas por deportar a Kilmar Armando Abrego García, un salvadoreño residente en Maryland, y negarse a repatriarlo.
El caso de V.M.L. expone las graves fallas y violaciones a los derechos humanos en las políticas migratorias de la administración Trump, y resalta la urgente necesidad de reformas que garanticen el debido proceso y protejan a los ciudadanos estadounidenses, independientemente de su origen. Esta situación ha generado un llamado a la acción para que se implementen medidas que eviten la repetición de estos lamentables incidentes.
