La Sala del Senado aprobó este miércoles un proyecto de ley que establece normas generales para el uso de la fuerza (RUF) por parte de las Fuerzas de Orden, Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas. Esta iniciativa, que ahora avanza a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, busca regular las acciones en labores de orden público, seguridad interior y protección de recintos militares.
Durante el debate, el Ejecutivo enfrentó reveses en votaciones clave, como el rechazo al principio de proporcionalidad y a medidas para grupos vulnerables. Si bien predominaron las propuestas de las comisiones unidas de Defensa y Seguridad, el Gobierno no logró imponer su postura en temas como la aplicación diferenciada de la fuerza hacia grupos con «protección especial», incluyendo niños, mujeres y personas con discapacidad.
Discrepancias Técnicas y el Fantasma de la Justicia Militar
Uno de los momentos más críticos del debate fue el intento de reposición de la justicia militar. La oposición logró declarar admisible su discusión, pero la falta de quórum impidió su reactivación. Según el senador Juan Ignacio Latorre (RD), esto fue «un retroceso civilizatorio evitado» y advirtió sobre posibles «provocaciones» electorales de la derecha.
Sobre el principio de proporcionalidad, rechazado por la oposición, el ministro Luis Cordero precisó que «no es lo mismo racionalidad (necesidad de actuar) que proporcionalidad (grados de fuerza)». El Ejecutivo insiste en que su inclusión daría certeza a las fuerzas policiales, mientras la oposición lo ve redundante.
Desafíos Pendientes y Perspectivas a Futuro
Con discrepancias aún vigentes, el proyecto podría derivar a una Comisión Mixta. Las diferencias incluyen no solo la proporcionalidad, sino también los alcances en la protección de grupos vulnerables.
El ministro Cordero enfatizó que el Ejecutivo no busca «endurecer» las reglas, sino equilibrar posiciones. «Ganan y pierden todos, pero el sistema gana en certeza», afirmó. Sin embargo, el fantasma de la justicia militar sigue presente, y la derecha insinuó que podría reintentar el tema en otro contexto, especialmente en un año electoral.
«Esperamos que no sea una provocación», alertó el senador Latorre.
A pesar de los desacuerdos, el ministro resaltó que «el grueso del proyecto mantiene consenso». Ahora, la iniciativa avanza a la Cámara de Diputados, donde se espera que continúe el debate y se alcancen acuerdos para una regulación integral del uso de la fuerza por parte de las fuerzas del orden y seguridad.
