El Gobierno de Chile ha reafirmado su compromiso con el proyecto de la central hidroeléctrica Rucalhue, a pesar del reciente atentado incendiario perpetrado en las faenas de construcción de la obra. En declaraciones a la prensa, el ministro de Energía, Diego Pardow, señaló que el Ejecutivo se está tomando en serio este incidente y que incluso se ha presentado una querella invocando la Ley Antiterrorista, en respuesta a los reclamos del Gobierno Chino por la falta de seguridad para sus inversores en el país.
Pardow aseguró que el proyecto de la central Rucalhue seguirá adelante, destacando la importancia de proteger las inversiones extranjeras en Chile y mantener la confianza de los socios internacionales. Esto, en medio de las críticas de parlamentarias de la región del Bío Bío, quienes cuestionaron que el Gobierno endosara responsabilidad a la empresa privada en materia de seguridad.
Colaboración Público-Privada para Garantizar Seguridad
En respuesta a estas inquietudes, el delegado presidencial del Bío Bío, Eduardo Pacheco, señaló que ya se ha reunido con los gremios empresariales con el objetivo de avanzar de manera colaborativa con las empresas privadas en materia de seguridad en los proyectos que se encuentran en desarrollo y que podrían ser blanco de ataques.
Según información recabada, la empresa a cargo de la construcción de la central hidroeléctrica Rucalhue habría contado con solo una cámara de seguridad en el predio donde se desarrollaba la faena, mismo lugar donde fueron quemados más de 50 camiones durante el atentado.
Impacto en la Imagen de Chile como Destino de Inversiones
Por su parte, el gremio exportador Frutas de Chile respaldó la preocupación expresada por el Gobierno Chino, señalando que este atentado no solo perjudica las inversiones de ese país, sino también la imagen de Chile como destino de inversiones extranjeras.
Hechos como este afectan gravemente el desarrollo y la confianza de los inversionistas en nuestro país
, manifestó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en un comunicado.
El Gobierno ha dejado claro que el proyecto Rucalhue seguirá adelante, pero también ha reconocido la necesidad de mejorar la seguridad en torno a este tipo de iniciativas, en colaboración con el sector privado. La protección de las inversiones extranjeras y la imagen de Chile como destino confiable para los negocios serán claves en este proceso.
