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lunes, abril 21, 2025

Ataque Devastador en Santa Bárbara: 12 Sospechosos y Pérdidas de $4,000 Millones

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En una noche de oscuridad y caos, un grupo de 12 sujetos encapuchados irrumpió en la central hidroeléctrica de Rucalhue, ubicada en la comuna de Santa Bárbara, región del Bío Bío. Cubiertos por la penumbra, los atacantes maniataron a 2 de los 4 guardias presentes, dejándolos con lesiones leves. Posteriormente, quemaron 45 camiones y 5 vehículos más, incluyendo maquinaria y equipos de menor tamaño.

Según el informe de Carabineros, los sujetos utilizaron armas de fuego para lograr su objetivo destructivo. La Policía de Investigaciones (PDI) llegó al lugar y confirmó que el hecho delictual fue perpetrado por aproximadamente 12 individuos.

La empresa Rucalhue Energía SpA, encargada de la construcción de la central, calificó el incidente como un acto terrorista. Asimismo, aseguraron que el proyecto cumple con toda la normativa ambiental, social y técnica vigente, y que su desarrollo ha sido parte de un proceso transparente ante las instituciones del Estado.

Desde la Asociación de Industriales y Empresarios de la Región del Bío Bío (IRADE), destacaron la relevancia de este proyecto para el país y solicitaron al Gobierno celeridad en la investigación. Por su parte, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) expresó que la violencia en el sur ha llegado a un punto límite, y que los camioneros se encuentran en alerta.

Ante este hecho, el Delegado Presidencial del Bío Bío, Eduardo Pacheco, anunció que se presentará una querella sustentada en la Ley Antiterrorista. Además, informó que Carabineros y las Fuerzas Armadas han realizado patrullajes preventivos desde que ocurrió el atentado.

Las pérdidas económicas dentro de la faena de la central hidroeléctrica se han cuantificado en 4,000 millones de pesos, afectando principalmente a las empresas subcontratistas.

Este acto de violencia ha generado una profunda conmoción en la región y ha sido condenado transversalmente por los gremios del comercio, la industria y el Gobierno, quienes exigen una respuesta contundente y una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

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