En una decisión histórica, la Corte de Apelaciones de Temuco acogió el recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de una mujer de 68 años que fue trasladada con grilletes y esposas desde el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Temuco a un control médico.
Según se acreditó, la mujer «permaneció durante todo el traslado con esposas y grilletes, lo que la habría motivado a permanecer en el piso del furgón por no tener cómo sujetarse, atendidas las esposas y grilletes que mantenía». La Corte consideró que esta acción de Gendarmería constituye «una forma de coerción indigna e improcedente», ya que solo era necesaria la vigilancia presencial para controlar un eventual riesgo de evasión.
Protección de Derechos Humanos de Mujeres Privadas de Libertad
La Corte ordenó a Gendarmería que «las medidas de seguridad que en el futuro se adopten durante los traslados de la amparada a algún recinto asistencial de salud se efectuarán dando estricto cumplimiento a lo previsto en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas«. Además, instruyó a la institución a «revisar y adecuar, de ser necesario, sus protocolos de actuación en materia de traslado a centros de salud externos, conforme a la normativa Internacional suscrita por Chile relativa a mujeres privadas de libertad, así como a aquella relativa a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres».
Importancia de la Resolución
Esta resolución es un hito en la protección de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad en Chile
, afirmó Pamela Nahuelcheo, abogada del INDH en La Araucanía. «La Corte reconoció que el trato recibido por la interna era indigno e improcedente, y ordenó a Gendarmería adecuar sus protocolos para garantizar el respeto a la dignidad y derechos de este grupo vulnerable», agregó.
Esta decisión judicial sienta un precedente importante, al exigir a las autoridades penitenciarias que adopten medidas de seguridad durante los traslados de reclusas a centros de salud que respeten plenamente sus derechos humanos y su integridad física y psicológica.
