Un juez federal ha iniciado un proceso para declarar al Gobierno de Donald Trump en desacato por ignorar una orden judicial y deportar a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la megacárcel de El Salvador. El magistrado James Boasberg, de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, acusa al Ejecutivo de actuar con «completo menosprecio» hacia su orden que exigía detener inmediatamente esas deportaciones.
Boasberg señala que la Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla. Advierte que permitir al Gobierno «anular» los fallos de los tribunales «convertiría en una burla solemne a la propia Constitución«.
El juez dictaminó que existe «causa probable» para declarar al Gobierno de Trump en desacato penal por violar su orden de marzo de suspender de inmediato cualquier deportación al amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial.
Una Batalla Legal sin Precedentes
Boasberg culpó a la administración de Trump de realizar una «operación de deportación apresurada» el 15 y 16 de marzo, apenas horas después de emitir la orden que bloqueaba las deportaciones y exigía el regreso de los migrantes a Estados Unidos. Según el juez, las acciones del Gobierno ese día «demuestran un desacato deliberado» a su orden.
Trump justificó su decisión alegando que la banda del Tren de Aragua «está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio» estadounidense. Sin embargo, el magistrado señaló que el Ejecutivo tuvo «amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones«, pero «ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria».
Desafío al Estado de Derecho
Esta batalla legal sin precedentes entre el Poder Judicial y el Ejecutivo pone de manifiesto un grave desafío al Estado de Derecho y al principio de separación de poderes. El juez Boasberg busca hacer valer la autoridad de los tribunales y evitar que el Gobierno pueda «anular» impunemente las decisiones judiciales, lo cual socavaría los cimientos mismos de la democracia estadounidense.
El resultado de este proceso podría tener profundas implicaciones no solo para la política migratoria del Gobierno de Trump, sino también para el equilibrio de poderes y el respeto al imperio de la ley en Estados Unidos.
