La violencia contra las personas trans no es un fenómeno aislado, sino una realidad estructural que permea la sociedad en América Latina. El asesinato de Sara Millerey en Colombia no es un caso único, sino parte de un patrón alarmante de crímenes motivados por la transfobia. Mientras que las cifras oficiales revelan al menos 255 asesinatos de personas trans y de género diverso en la región entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, la verdadera dimensión de esta crisis permanece oculta.
Más allá de la violencia física, la discriminación contra la comunidad trans se manifiesta de formas simbólicas, institucionales y cotidianas. Desde la infancia, las personas trans enfrentan rechazo, silencio y acoso, lo que a menudo conduce a su exclusión de los sistemas de salud, educación y empleo. Esta realidad pone de manifiesto fallas profundas en los marcos legales y las políticas públicas de la región.
En Chile, por ejemplo, la Ley Antidiscriminación
de 2012 ha tenido una aplicación limitada y simbólica. Si bien el proyecto de ley en curso propone avances importantes, como la creación de una institucionalidad especializada, la reparación para víctimas y sanciones más claras, ha enfrentado una fuerte resistencia basada en argumentos que perpetúan estigmas y bloquean derechos.
Incluso cuando se logran avances legislativos, como la reciente decisión del Tribunal Constitucional que rechazó la prohibición del financiamiento público para tratamientos hormonales de niños y adolescentes trans, persisten discursos políticos que insisten en restringir derechos y poner en riesgo el acceso a la salud. Mientras las vidas trans siguen siendo objeto de prejuicio, los avances legales son vistos como concesiones ideológicas, en lugar de garantías fundamentales.
Construyendo una Sociedad Más Inclusiva
Hablar de justicia para las personas trans no es una demanda ideológica, sino una exigencia jurídica, ética y profundamente humana. La dignidad no debería estar sujeta al miedo, ni la existencia condicionar el derecho a vivir.
Para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, se requiere una voluntad política firme que garantice que ninguna persona tenga que pagar con su vida el costo de ser quien es. Esto implica no solo la promulgación de leyes antidiscriminatorias sólidas, sino también su aplicación efectiva, acompañada de políticas públicas integrales que aborden la transfobia en todos los ámbitos de la vida.
Además, es crucial amplificar las voces y las experiencias de la comunidad trans, reconociendo su agencia y liderazgo en la construcción de soluciones. Solo a través de un diálogo abierto y respetuoso, y de la incorporación de perspectivas diversas, podremos avanzar hacia una sociedad donde la dignidad de las personas trans sea una realidad, y no un riesgo.
