La trágica muerte de dos personas en las afueras del Estadio Monumental durante un partido de fútbol ha desatado una crisis política en Chile. La oposición, encabezada por la bancada de la UDI y otros parlamentarios, estaría evaluando presentar una acusación constitucional contra el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, por presunta negligencia e incumplimiento de deberes.
Según los críticos, las autoridades entregaron las condiciones de seguridad exigidas al club apenas dos horas y media antes del inicio del partido, sin tomar medidas adicionales a pesar de que las muertes se habían conocido una hora antes del evento. Inexplicable la fuerza que se utilizó
, relató un testigo de los hechos.
Cuestionamientos al Uso de la Acusación Constitucional
Sin embargo, exministros del Interior han analizado la situación y calificado este posible movimiento como «un uso indebido de la herramienta constitucional». El exministro Jorge Burgos apuntó que no existen antecedentes suficientes para justificar una acusación de este tipo.
Por su parte, el exministro Rodrigo Delgado responsabilizó al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, por no garantizar una coordinación efectiva entre las autoridades para resguardar la seguridad en espacios públicos, exigiendo además una política de «tolerancia cero» dentro y fuera de los estadios.
Comisión Especial y Llamado a la Acción
En respuesta, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, anunció la creación de una Comisión Especial para abordar la violencia en los estadios y revisar el plan «Estadio Seguro». Mientras tanto, el diputado socialista Raúl Leiva señaló que hubo una evidente falta de planificación en las medidas de seguridad.
Desde el Partido Comunista también anunciaron el envío de un oficio a los ministerios del Interior y Seguridad Pública para conocer los antecedentes y requisitos impuestos a la realización del evento trágico.
La crisis desatada por esta tragedia en el Estadio Monumental ha puesto en tela de juicio el manejo de la seguridad en eventos deportivos y la efectividad de las herramientas constitucionales para abordar estos casos. La respuesta de las autoridades y la oposición será clave para evitar que se repitan hechos tan lamentables en el futuro.
