En un fallo sorprendente, el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena absolvió a cinco carabineros que habían sido acusados de presentar licencias médicas falsas. Luego de un juicio de tres días, los magistrados determinaron que no existía evidencia suficiente para probar que los funcionarios policiales conocieran la ilegalidad de los documentos presentados.
La Fiscalía había insistido en que los carabineros habían tramitado licencias con información inconsistente, tanto en la forma como en el fondo. Sin embargo, la defensa logró demostrar que las enfermedades que motivaron las licencias eran reales y que no hubo delito alguno.
Según explicó la abogada Consuelo Varas, representante de uno de los imputados, la investigación se había iniciado a partir de un listado de más de 100 carabineros, de los cuales solo se entrevistó a 36. Finalmente, solo cinco funcionarios fueron formalizados, a pesar de que la supuesta irregularidad parecía ser más generalizada.
Una Persecución Institucional
La defensa aseguró que esta situación respondía a una «persecución» hacia los carabineros, quienes habrían denunciado irregularidades al interior de sus unidades. Según Varas, la institución buscaba «desvincularlo» desde hace tiempo, encontrando en esta acusación la «oportunidad» para lograrlo.
Incluso, la abogada señaló que el procedimiento utilizado para dar de baja a los funcionarios fue considerado irregular por la Corte. Uno de los imputados, con 18 años de trayectoria, fue tratado como si ya hubiese sido condenado, descontándosele el sueldo sin sentencia previa.
Lecciones Aprendidas
Este caso pone de manifiesto la importancia de respetar el debido proceso y de no precipitarse en la formulación de acusaciones graves. La falta de pruebas concluyentes llevó al Tribunal a absolver a los carabineros, demostrando que la justicia puede prevalecer incluso ante presiones institucionales.
Asimismo, este episodio evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia dentro de las instituciones, a fin de evitar que se utilicen acusaciones infundadas como herramienta de persecución o represalia. Solo así se podrá garantizar que los funcionarios públicos cuenten con las debidas garantías y que la verdad prevalezca sobre cualquier interés particular.
