El escándalo que rodea la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende continúa generando dolores de cabeza para la administración del presidente Gabriel Boric. Según fuentes cercanas, la crisis ha cobrado una nueva víctima: Bernardita Nazar, la abogada asesora del Segundo Piso de La Moneda, quien habría presentado su renuncia este jueves.
Nazar trabajaba de manera conjunta con Leonardo Moreno, quien hasta hace poco era el encargado del equipo de Seguimiento de Compromisos Presidenciales del Segundo Piso. Su salida se atribuye a que también estaba al tanto de la inhabilidad que tenían la senadora Isabel Allende y la exministra de Defensa, Maya Fernández, para celebrar contratos con el Estado.
Nuevas Revelaciones y Renuncias en Cascada
Con la renuncia de Nazar, se suman a la lista de autoridades y asesores que han tenido que dejar sus cargos, ya sea de forma voluntaria o no, como consecuencia de este escándalo. Entre ellos se encuentran Moreno, Sandoval, Díez, Fernández y Allende.
Este proceso ha sido una verdadera tormenta para el gobierno de Boric, que se ha visto obligado a lidiar con una serie de revelaciones y renuncias que ponen en entredicho la transparencia y legalidad de las operaciones relacionadas con la casa de Allende
, comenta un analista político cercano a La Moneda.
Implicaciones Legales y Políticas
Las inhabilidades de la senadora Allende y la exministra Fernández para celebrar contratos con el Estado han sido un punto clave en este escándalo. Esto ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de los procesos llevados a cabo y ha puesto en jaque la credibilidad del gobierno.
Además, la salida de asesores clave como Nazar y Moreno evidencia la complejidad y la presión que enfrenta el equipo de Boric para resolver esta crisis. La Casa Allende se ha convertido en un lastre que amenaza con afectar aún más la imagen y la estabilidad del gobierno.
Expertos en derecho y política coinciden en que este escándalo podría tener serias implicaciones tanto a nivel legal como político, y que el gobierno deberá actuar con cautela y transparencia para restablecer la confianza pública.
