La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ha arremetido contra Francisca Moya, jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), por su presunto incumplimiento de obligaciones en el fallido proceso de compraventa de la casa de Salvador Allende.
Según los parlamentarios Miguel Mellado, Carla Morales, Paula Labra y Andrés Longton, Moya reconoció ante la Comisión Especial Investigadora (CEI) que sabía de la inhabilidad del trato, pero no lo hizo saber oportunamente. Esto habría vulnerado sus deberes funcionarios, por lo que los diputados han enviado un requerimiento a la Contraloría General de la República para que fiscalice el caso.
Acusaciones de Incompetencia y Encubrimiento
Los parlamentarios de RN señalan que la función de Moya era revisar la legalidad del decreto presidencial que autorizó la compra, pero que no advirtió el problema de inconstitucionalidad que esta implicaba. Según ellos, la abogada afirmó que no le correspondía hacer esa observación, pese a que la ley le otorga esa atribución a su división.
La diputada Paula Labra recalcó que Moya «ha demostrado una total incompetencia en su cargo, un cargo crítico para el buen funcionamiento del Estado», ya que debía ser la última instancia para resguardar la firma presidencial. Además, acusaron que su permanencia en el cargo se debe a «cercanía, amistad, o probablemente porque sabe la verdad» sobre el caso.
Llamado a Rendir Cuentas
Los diputados de RN exigen que la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, inicie un sumario administrativo por esta «tremenda vulneración a la Constitución y a los deberes funcionarios» de Moya. Asimismo, esperan que la Contraloría determine si hubo incumplimiento de obligaciones por parte de la abogada.
«Francisca Moya ha vulnerado sus deberes funcionarios de manera expresa. El Estatuto Administrativo establece que es deber de todos los funcionarios públicos informar a la autoridad cuando ellos han detectado una ilegalidad»
, sentenció la diputada Labra.
El caso ha generado un intenso debate político, con cuestionamientos sobre si hubo negligencia o encubrimiento por parte de Moya y las autoridades que la mantienen en el cargo. La rendición de cuentas y la investigación de la Contraloría serán claves para esclarecer lo ocurrido.
