La fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende ha generado una serie de complicaciones para el Gobierno, luego de que la Segpres reconociera que se conocía la inhabilidad existente en la celebración que involucraba a la exministra Maya Fernández y la exsenadora Isabel Allende.
Francisca Moya, la jefa de la División Jurídica-Legislativa de la Segpres, destacó que lo que les correspondía era «la revisión técnico-legal de este acto administrativo, en particular para el caso que nos reúne hoy, el decreto 38».
Según reveló ExAnte, en enero pasado, Macarena Diez, quien en ese momento era la exjefa jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, manifestó que el 9 de octubre advirtió a la Presidencia sobre el conflicto de interés que producía el que fueran una ministra y una senadora las vendedoras del inmueble.
Advertencias Ignoradas
Diez señaló que «se me transmitió a mí y a jefaturas de división, de parte de Denisse Hernández (jefa de gabinete de Bienes Nacionales) que este proceso debería tratarse de manera prioritaria, según lo instruido por Presidencia».
Además, Diez afirmó que «le manifesté mis aprehensiones respecto a que faltaba mucha documentación para un correcto control, que el tiempo para revisar esta revisión era muy poco, además (de que) no había una motivación clara para la adquisición de estos inmuebles».
«Con esto me refiero a las casas de Patricio Aylwin y la casa de Allende, y adicionalmente que, para el caso de esta última, que las propietarias eran una ministra y senadora, lo que podría traer un cuestionamiento jurídico y político»
, manifestó Diez.
Reunión con La Moneda
Según el testimonio de Diez, Leonardo Moreno, quien era jefe de Seguimiento de Políticas Públicas de La Moneda, «dirigió la reunión y nos preguntó qué era lo que causaba la demora en el proceso de compraventa de las casas presidenciales».
Diez afirmó que hizo «mucho hincapié en la motivación de este acto y su justificación, dentro de ello que no existía justificación para la adquisición de los inmuebles, no existía orden de compra».
Consecuencias Políticas
Este caso generó que la senadora Isabel Allende fuese cesada de su cargo, luego que Chile Vamos y Republicanos ingresaran un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Además, las ministras Sandoval y Fernández fueron removidas de sus puestos.
La exministra Marcela Sandoval declaró que «hubo advertencias durante el proceso de compra, tanto de la jefatura de gabinete como por Macarena Diez, quien confeccionó una minuta donde nos contó tanto a Denisse como a mi persona que existían eventuales conflictos de interés respecto de quienes venden la propiedad de Allende, y debido a los cargos que ocupaban las personas que eran parte de la comunidad heredera».
Sin embargo, tanto Moreno como la abogada del Segundo Piso, Bernardita Naza, negaron haber recibido advertencias sobre posibles conflictos de interés.
