Jaime Mulet, diputado y precandidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), ha descartado cualquier tipo de conflicto tras la publicación de un reportaje que apuntaba a una presunta inhabilidad constitucional en la que habría incurrido por una sociedad de la que formó parte.
Según el reporte de The Clinic, Mulet habría concretado, de forma directa o indirecta, contratos con el Estado mientras ejercía su cargo como parlamentario. Sin embargo, el precandidato refuta categóricamente estas acusaciones, asegurando que evalúa «una acción civil de difamación, si esto me genera daño político o daño de cualquier naturaleza, a mí o a mi mujer».
Mulet explica que dejó la empresa Rodríguez y Compañía Limitada un mes después de asumir como diputado en 2018, y que su esposa, Flavia Torrealba, quedó como contralora de la misma. No obstante, el parlamentario afirma que «no hay ninguna situación que signifique alguna inhabilidad constitucional o ética». Agrega que vendió su participación a una sociedad llamada Inversiones San José, de la que también es socia su esposa.
Mulet cuestiona la rigurosidad del reportaje, argumentando que «no hay ninguna dificultad de ninguna naturaleza, ni ética, ni jurídica, ni constitucional». Además, señala que los contratos señalados se hicieron a través de licitaciones públicas, sin que él o su esposa hayan realizado gestiones o negociaciones.
En cuanto a la prohibición que podrían tener los familiares de parlamentarios de mantener contratos con el Estado, Mulet afirma que «ese es un invento de alguien en el reportaje, eso no es así. Las normas constitucionales son de derecho estricto, no hay ninguna incompatibilidad».
Finalmente, el diputado reitera que «no hay nada y lamento la confusión que se ha generado en esta materia provocada por un medio que no ha sido riguroso a mi juicio». Desafía a que se lleve el caso al Tribunal Constitucional y reafirma su disposición a emprender acciones legales por difamación si esto le genera algún tipo de daño.
