El gobierno ha respaldado firmemente a la jefa de la División Jurídica-Legislativa de la Segpres, Francisca Moya, en relación con la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. La ministra vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, ha declarado que la posición de Moya es «consistente» con lo señalado por el gobierno y la Contraloría General de la República.
Durante la comparecencia de Moya ante la comisión investigadora del Congreso, ella explicó que, si bien conocía las normas de inhabilidad que afectaban a Allende y Fernández, su tarea se limitaba a la revisión de la legalidad del decreto de compra, lo cual fue respaldado por la Contraloría en el proceso de toma de razón.
El gobierno ha reconocido que el proceso de adquisición de la casa no se llevó a cabo de la manera correcta, lo que ha tenido importantes consecuencias. Se han asumido responsabilidades políticas y se están realizando sumarios administrativos para determinar las responsabilidades correspondientes.
Análisis de la Posición Gubernamental
La defensa del gobierno a la jefa de la División Jurídica-Legislativa de la Segpres se basa en dos argumentos clave:
1. Revisión de la Legalidad del Decreto
Según el gobierno, la tarea de Moya y su equipo se limitaba a la revisión de la legalidad del decreto de compra de la casa de Allende, lo cual fue respaldado por la Contraloría en el proceso de toma de razón. Esto implica que, desde la perspectiva gubernamental, Moya cumplió con sus obligaciones legales en este caso particular.
2. Reconocimiento de Fallas en el Proceso
El gobierno ha reconocido que el proceso de adquisición de la casa no se llevó a cabo de manera adecuada, lo que ha tenido importantes consecuencias. Se han asumido responsabilidades políticas y se están realizando sumarios administrativos para determinar las responsabilidades correspondientes. Esto sugiere que, si bien se respalda a Moya, el gobierno también reconoce que hubo fallas en el proceso general.
Implicaciones y Perspectivas Futuras
Este caso ha generado un importante debate público y político en torno a la actuación del gobierno y sus funcionarios en el proceso de compra de la casa de Allende. La defensa de Moya por parte del gobierno podría interpretarse como un intento de proteger a uno de sus funcionarios clave, pero también refleja la necesidad de abordar las fallas identificadas en el proceso.
Es probable que este caso tenga repercusiones a nivel político y administrativo, con posibles sanciones o cambios en la estructura y procedimientos de la Segpres. Además, la oposición ha anunciado la presentación de una acción ante el Tribunal Constitucional en contra del presidente Boric por la compra de la casa de Allende. Esto indica que el debate en torno a este tema continuará en los próximos meses.
En el gobierno estamos todos permanentemente sujetos a evaluación, es lo que corresponde en estos cargos y la jefa de la División Jurídica sigue en el desempeño de sus funciones.
– Aisén Etcheverry, ministra vocera de Gobierno (s).
