Un conflicto entre una concesionaria y un funcionario municipal ha estallado en la ciudad de Los Ángeles. La empresa Centro de Custodia de Vehículos Infractores, que administra el corralón de la Municipalidad, ha presentado una querella contra Rodrigo Ríos, un empleado de la Secplan (Secretaría de Planificación Comunal).
Según la concesionaria, todo se originó a raíz de un incidente con el vehículo de Andrés Ríos, hijo del funcionario municipal. El automóvil fue enviado al corralón por un delito de ocultamiento de placa patente y permaneció allí entre el 24 de diciembre de 2024 y el 13 de febrero de 2025, cuando su dueño lo retiró sin realizar ningún reclamo.
Sin embargo, 11 días después, Andrés Ríos y su padre Rodrigo regresaron al corralón para denunciar que el vehículo había sufrido daños por 700 mil pesos. Según la concesionaria, el funcionario amenazó con usar su cargo para perjudicar a la empresa si no pagaba esa suma de dinero.
La concesionaria acusa a Rodrigo Ríos de delitos como cohecho, tráfico de influencia, negociación incompatible y amenazas.
En respuesta, la concesionaria presentó una querella en la Fiscalía, acusando a Rodrigo Ríos de una serie de delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencia, negociación incompatible y amenazas. Como prueba, la empresa entregó a las autoridades el nombre de testigos de las supuestas amenazas, así como una copia de un correo electrónico en el que el inspector de concesiones citaba a la empresa a una reunión en el municipio.
Por su parte, el abogado del funcionario municipal y su hijo, Pablo Galarce, descartó los hechos denunciados. Según él, si bien la investigación a la empresa concesionaria se inició por la denuncia de sus representados, Rodrigo Ríos no tiene injerencia en el resultado que pueda tener dicha investigación.
Una Disputa con Múltiples Aristas
Este conflicto entre la concesionaria y el funcionario municipal presenta varias aristas que deberán ser analizadas por las autoridades. Por un lado, la empresa alega que Rodrigo Ríos abusó de su cargo para presionarlos y obtener un beneficio económico. Por otro lado, el funcionario y su hijo sostienen que simplemente denunciaron los daños en el vehículo y que no han ejercido ninguna influencia indebida.
La investigación del Ministerio Público está en curso, y será crucial para determinar si hubo o no irregularidades por parte de alguna de las partes involucradas. Mientras tanto, la disputa entre la concesionaria y el empleado municipal continúa generando interrogantes y expectativa en la comunidad de Los Ángeles.
Lecciones Aprendidas
Este caso pone de manifiesto la importancia de mantener procesos transparentes y mecanismos de rendición de cuentas en la administración pública. Tanto las empresas concesionarias como los funcionarios municipales deben actuar con integridad y evitar cualquier indicio de abuso de poder o conflicto de intereses.
Asimismo, es fundamental que las autoridades investiguen a fondo este tipo de denuncias y sancionen severamente cualquier acto de corrupción o extorsión, a fin de preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
En última instancia, este conflicto en el corralón de Los Ángeles sirve como un recordatorio de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, para garantizar que los recursos y servicios municipales se administren de manera eficiente y justa para toda la comunidad.
