Segpres reconoció que tenía conocimiento de la inhabilidad que existía en la celebración del contrato de compra de la casa del expresidente Salvador Allende, involucrando a la exministra Maya Fernández y la exsenadora Isabel Allende. La jefa de la División Jurídica-Legislativa de Segpres, Francisca Moya, explicó que su función se limitaba a la revisión técnico-legal del decreto presidencial, sin entrar a evaluar la constitucionalidad o legalidad de los actos de los funcionarios involucrados.
Durante la sesión de la comisión investigadora, la diputada Paula Labra cuestionó a Moya sobre si conocía los artículos 37 y 60 de la Constitución, que prohíben a ministros y parlamentarios celebrar contratos con el Estado. Moya reconoció que efectivamente conocían ambas normas, pero que su tarea se circunscribía a la revisión del decreto presidencial, sin entrar a analizar la inhabilidad de los funcionarios.
El presidente de la comisión, el diputado Andrés Longton, insistió en preguntar si Moya conocía la inhabilidad de la ministra y la senadora, a lo que ella respondió afirmativamente. Sin embargo, Moya señaló que no les correspondía advertir sobre esa situación al Presidente o al ministro, sino únicamente realizar la revisión técnico-legal del decreto.
Tras la sesión, el ministro Álvaro Elizalde reiteró que el proceso de adquisición de la casa presidencial siguió los pasos correspondientes, con la aprobación de los recursos en la Ley de Presupuestos y la emisión del decreto presidencial autorizando la compra. Elizalde sostuvo que el decreto no adolece de vicios de ilegalidad o inconstitucionalidad, y que en la etapa de ejecución el Presidente hizo valer las responsabilidades correspondientes, solicitando la renuncia de los funcionarios involucrados.
La revelación de que Segpres conocía la inhabilidad de los funcionarios, pero se limitó a la revisión técnico-legal del decreto, ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y el debido proceso en la adquisición de la vivienda presidencial.
