En una batalla legal sin precedentes, la Administración del presidente Donald Trump ha recurrido al Tribunal Supremo de Estados Unidos para bloquear la orden de un tribunal inferior que exige el regreso a EE. UU. de un migrante salvadoreño deportado por error a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador.
El caso de Kilmer Armado Ábrego García ha puesto de manifiesto las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en torno a las políticas de inmigración y deportación. Ábrego García, quien contaba con una protección judicial contra su deportación, fue enviado erróneamente a El Salvador, donde ahora se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país.
La Posición de la Administración Trump
El Gobierno estadounidense ha argumentado que no tiene la competencia para traer de vuelta a Ábrego García, ya que este se encuentra bajo la jurisdicción de El Salvador. Además, en su escrito al Tribunal Supremo, la Administración Trump ha señalado que la Constitución encarga al presidente, y no a los tribunales federales, la conducción de la diplomacia exterior y la protección de la nación contra terroristas extranjeros, incluyendo su deportación.
La Orden Judicial y la Apelación
La jueza Paula Xinis, de un tribunal de Maryland, había dictaminado que el Gobierno tenía hasta este lunes para repatriar a Ábrego García. Sin embargo, la Administración Trump recurrió la decisión ante el Tribunal de Apelación del Cuarto Distrito, que declinó intervenir de inmediato.
Ante esta negativa, el Gobierno ha recurrido ahora al Tribunal Supremo, en un intento por evitar el cumplimiento de la orden judicial y mantener la deportación de Ábrego García a El Salvador.
Implicaciones y Perspectivas
Este caso pone de manifiesto las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en temas de inmigración y seguridad nacional. La Administración Trump busca preservar su autoridad en materia de política exterior y deportación de extranjeros, mientras que los tribunales han intervenido para proteger los derechos de los migrantes.
El desenlace de este conflicto legal tendrá importantes repercusiones en el futuro de las políticas de inmigración y deportación en Estados Unidos, así como en el equilibrio de poderes entre las ramas del Gobierno.
