La Contraloría General de la República (CGR) cerró una fiscalización sobre la actuación de Camila Vallejo, Ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), en su rol como enlace gubernamental durante los incendios forestales de febrero de 2024 en Valparaíso. Mediante un oficio, el organismo confirmó que las acciones de la secretaria de Estado «se enmarcaron dentro del ámbito de su competencia y de las labores de coordinación encomendadas».
El pronunciamiento de la Contraloría respondió a una solicitud de los diputados UDI Juan Antonio Coloma y Felipe Donoso, quienes habían pedido indagar una «posible conducta omisiva» de Vallejo. Los parlamentarios cuestionaron el cese de sus funciones como enlace, pero la Contraloría aclaró que el rol asignado por el Presidente Gabriel Boric se limitó a la fase de «ayudas tempranas» tras la emergencia.
Coordinación y Atribuciones
Según un informe adjunto de la Subsecretaría General de Gobierno, Vallejo coordinó autoridades nacionales y regionales para agilizar la entrega de recursos durante la catástrofe. Este trabajo se basó en el artículo 33 de la Constitución, que faculta al Presidente a encomendar tareas específicas a sus ministros.
«El desempeño de una gestión encomendada no significa, en caso alguno, la designación en un cargo»
, precisó la Contraloría. Además, citó la ley N°19.032, que establece que el Ministerio de Segegob debe actuar como «canal de vinculación entre el Gobierno y las organizaciones sociales», respetando su autonomía.
Límites de la Fiscalización
La Contraloría enfatizó que, según el artículo 21 B de la ley N°10.336, no le corresponde evaluar la «forma de llevar a cabo la gestión política del Gobierno», ya que esto corresponde a un «asunto de mérito o conveniencia» de las autoridades.
El oficio, firmado por la Contralora Dorothy Pérez, subrayó que el cese del rol de Vallejo como enlace respondió al «cumplimiento del llamamiento» presidencial, acotado a las primeras semanas posteriores a los incendios. «La Ministra actuó dentro de sus atribuciones legales», reiteró el documento.
Con esto, la Contraloría cerró formalmente el caso, sin hallar elementos que justificaran una investigación adicional.
