En una resolución histórica, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago emitió una sentencia condenatoria de 116 páginas que sacude al escándalo Penta. Este caso emblemático involucra a altos ejecutivos y empresas del holding homónimo, quienes fueron hallados culpables de una red de sobornos y múltiples delitos tributarios que ocasionaron un perjuicio fiscal superior a los $2.471 millones.
La investigación, liderada por el Ministerio Público y respaldada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), destapó una trama de prácticas corruptas y maniobras financieras que se extendieron entre 2007 y 2014. En el centro de este esquema se encontraba Marcos Alberto Castro Sanguinetti, ex gerente de contabilidad del grupo Penta, quien recibió una condena de tres años de presidio, sustituida por remisión condicional, junto a multas que superan los $27 millones.
Sobornos a Fiscalizador del SII
Según la sentencia, Castro Sanguinetti, en conjunto con Hugo Bravo López, ex gerente general de Penta, ofreció beneficios económicos a Iván Álvarez Díaz, fiscalizador del SII, entre 2007 y 2012. Álvarez recibió al menos $4 millones en efectivo y otros pagos a través de intermediarios como Jorge Valdivia Rodríguez, a cambio de favores tributarios. El exfuncionario revisaba las declaraciones de Penta antes de su presentación oficial, evitando fiscalizaciones reales y facilitando devoluciones indebidas, como los $33.656.388 obtenidos por Penta INF en 2010.
Delitos Tributarios a Gran Escala
La sentencia también condena a Castro Sanguinetti por liderar un esquema de delitos tributarios que abarcó desde 2008 hasta 2014. Las empresas Penta S.A. e Inversiones Penta III Ltda. registraron boletas de honorarios y facturas ideológicamente falsas por más de $348 millones, simulando servicios nunca prestados. Estas maniobras, que incluyeron a familiares de ejecutivos, redujeron artificialmente la base imponible del Impuesto de Primera Categoría, generando un perjuicio fiscal de $195.862.146 y $152.345.039, respectivamente.
Otro capítulo relevante involucra contratos forward manipulados entre 2013 y 2014. Según la sentencia, Castro Sanguinetti y otros ejecutivos acordaron operaciones ficticias con Asesorías VSA Ltda., generando pérdidas artificiales por $370.939.466 con el objetivo de rebajar la carga tributaria de las empresas, causando un daño fiscal de $129.817.173.
Evasión Masiva de Impuestos
La investigación reveló que, entre 2009 y 2014, las empresas del grupo Penta utilizaron 329 boletas y 386 facturas falsas para ocultar pagos de bonos a ejecutivos, afectando a sociedades como Inversiones Banpenta S.A. y Penta INF S.A. El perjuicio fiscal por esta práctica asciende a $947.091.388. Según la sentencia, esto se trató de una estrategia sistemática para evadir el Impuesto Único.
Además, Castro Sanguinetti omitió ingresos personales por $183.200.000 obtenidos vía forwards, evadiendo el Impuesto Global Complementario. Estos dineros correspondían a remuneraciones por su trabajo en Penta.
Responsabilidad Empresarial
Las empresas Penta S.A. e Inversiones Penta III Ltda. también fueron condenadas por incumplir sus deberes de dirección y supervisión, según la Ley 20.393. La falta de modelos de prevención permitió que ejecutivos como Castro Sanguinetti cometieran delitos en su beneficio. El fallo impone a ambas sociedades la publicación de la sentencia en el Diario Oficial como pena accesoria.
En resumen, esta sentencia marca un hito en el caso Penta, exponiendo una red de corrupción y evasión fiscal a gran escala que perjudicó al Estado en más de $2.400 millones. La condena a ejecutivos clave y empresas del holding envía un mensaje claro sobre la necesidad de fortalecer la integridad y la transparencia en los negocios.
