La fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric ha desatado una ola de controversia y acusaciones legales. Los querellantes de la causa por fraude al fisco han ampliado su recurso, alegando la posible existencia de delitos adicionales, como tráfico de influencias, negociación incompatible, malversación de caudales públicos y contrato simulado.
Responsabilidad Penal en Cuestión
Según el abogado y querellante Raimundo Palamara, el objetivo es establecer la responsabilidad penal de los involucrados en la operación. Sin embargo, algunos expertos consultados han expresado dudas sobre la viabilidad de imputar delitos penales en este caso.
El abogado penalista y académico Jorge Fiol advierte que, con la información disponible, sería más factible establecer responsabilidades de carácter administrativo. Por su parte, el también abogado penalista Esteban Celis considera que plantear una sanción penal sería un «exceso» en esta situación.
Declaración Presidencial Clave
En paralelo, se ha confirmado que el presidente Boric declarará de manera presencial ante la Fiscalía, lo que se considera una diligencia clave para los querellantes, quienes buscan conocer el nivel de vinculación del mandatario en la fallida operación.
Responsabilidades Políticas en Análisis
En el ámbito político, la Comisión Especial Investigadora ya baraja las medidas que se plantearán en siguientes sesiones para establecer las responsabilidades políticas. Una de ellas corresponde a solicitar al presidente Boric que responda un cuestionario sobre el asunto.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ha señalado que el gobierno colaborará para el esclarecimiento de los hechos y que la medida buscaba la preservación del patrimonio, tal como ocurre en otros países del mundo.
Complejidad Legal y Desafíos Pendientes
La trama legal que rodea esta fallida compra de la casa de Allende se perfila como un caso complejo, con múltiples aristas por analizar. Tanto las autoridades judiciales como políticas se encuentran inmersas en un proceso de investigación exhaustiva, buscando determinar las responsabilidades y las posibles consecuencias que puedan derivarse de esta controvertida operación.
