En un giro inesperado, el Presidente Gabriel Boric ha sido convocado a declarar de manera presencial ante la Fiscalía en relación con la fallida compra de la casa de Salvador Allende. Esta acción se enmarca en una causa penal iniciada por una denuncia presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana, liderada por el abogado y militante del Partido Republicano, Raimundo Palamara.
Según lo informado, Boric tendrá que responder a una serie de interrogantes clave, como quién tomó la decisión de adquirir la propiedad, quién negoció los fondos correspondientes y cuál fue su posición respecto a la transferencia que se buscaba realizar entre el Estado y la familia Allende. Esto representa un desafío significativo para el mandatario, quien deberá enfrentar un escrutinio directo de la justicia.
Antecedentes de la Causa
La causa penal se originó a raíz de una denuncia presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por la Fundación Fuerza Ciudadana. Entre los otros citados a declarar se encuentran las exministras de Bienes Nacionales y Defensa, Marcela Sandoval y Maya Fernández, respectivamente, así como la senadora Isabel Allende (PS).
«Yo le señalé a la Fiscalía que estoy totalmente dispuesto a colaborar con la justicia. Y, por lo tanto, acepto la invitación a declarar en la calidad que… Bueno, esta es la calidad de imputado porque la querella es contra mí».
– Presidente Gabriel Boric
Implicaciones Políticas y Legales
La comparecencia del Presidente Boric ante la Fiscalía podría tener importantes repercusiones tanto en el ámbito político como legal. Por un lado, su testimonio directo podría arrojar luz sobre los detalles y las decisiones tomadas en torno a la fallida compra de la casa de Allende, lo que podría afectar su imagen y credibilidad política. Por otro lado, las posibles implicaciones legales de este caso podrían tener consecuencias significativas para el mandatario y su gobierno.
Es importante destacar que, a pesar de la gravedad de la situación, Boric ha manifestado su disposición a colaborar plenamente con la justicia, lo que podría ser interpretado como un gesto de transparencia y responsabilidad. Sin embargo, el desenlace de este proceso aún es incierto y mantendrá en vilo a la opinión pública chilena.
