En respuesta a los actos de violencia ocurridos durante las recientes protestas de pescadores en Valparaíso y San Antonio, el Gobierno ha anunciado que presentará una querella contra los responsables de estos hechos. La decisión surge luego de que varios carabineros resultaran heridos, incluyendo a un oficial que recibió un golpe contundente en la cabeza, a pesar de llevar su casco de protección.
Agresiones a Carabineros y Llamado a la Paz
Según el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, «frente a los hechos de violencia ocurridos en el sector de Caleta Portales en Valparaíso y en el sector pesquero de San Antonio, como Gobierno presentaremos la querella contra quienes resulten responsables de dichos actos de violencia, así como de la agresión de la que fueron objeto funcionarios de Carabineros». La jefa de zona de Carabineros, general Patricia Vásquez, confirmó que en total seis funcionarios resultaron heridos en las manifestaciones.
Si bien Riquelme reconoció que las demandas de los pescadores pueden ser legítimas, enfatizó que «nada justifica el uso de la violencia». Hizo un llamado a canalizar las protestas de manera pacífica y respetuosa, a fin de evitar más incidentes que puedan poner en riesgo la seguridad de los manifestantes y de los agentes del orden público.
Traslado de Carabinero Herido
El carabinero que recibió el golpe en la cabeza fue evacuado en el helicóptero institucional y trasladado al Hospital de Carabineros en Santiago, donde recibió atención médica. Según las autoridades, su estado de salud era grave debido al impacto sufrido, a pesar de llevar puesto su equipo de protección.
Garantizar el Derecho a la Protesta
El Gobierno ha dejado claro que, si bien respeta el derecho a la manifestación pacífica, no tolerará actos de violencia que pongan en riesgo la integridad de los funcionarios públicos o de los ciudadanos. La presentación de la querella busca enviar un mensaje de firmeza y establecer responsabilidades por los incidentes ocurridos, con el objetivo de restablecer el orden y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
Expertos en seguridad ciudadana han señalado que este tipo de acciones legales, acompañadas de un diálogo constructivo con los manifestantes, pueden contribuir a canalizar los conflictos de manera pacífica y evitar que las protestas deriven en enfrentamientos violentos.
