El gobierno chileno ha anunciado que se querellará por los violentos incidentes ocurridos durante las protestas de pescadores artesanales en las regiones de Maule y Valparaíso. El subsecretario del Interior, Luis Cordero, enfatizó que si bien respetan el derecho a manifestarse, no tolerarán los actos de violencia que han afectado el orden público y puesto en riesgo a la policía y la comunidad.
Cordero condenó enérgicamente hechos como el incendio de un carro lanzaaguas utilizado para combatir incendios forestales en Maule, señalando que «quienes lo incendiaron atentaron contra su propia comunidad». Además, el gobierno presentará una querella por los tres vehículos policiales destruidos y las lesiones a ocho carabineros en la misma región.
El subsecretario advirtió que la legislación chilena es «brava» en delitos como incendios y ataques a la autoridad, y que el Ejecutivo «no escatimará esfuerzos en aplicar la ley». Recordó que las penas por estos hechos son altas, incluyendo obstrucción al tránsito y daños a funcionarios.
Confusión entre Manifestación y Destrucción
Cordero también se refirió a los incidentes en Valparaíso, donde los pescadores bloquearon avenidas y lanzaron fuegos artificiales contra carabineros. El subsecretario vinculó estos hechos con una «confusión entre manifestación y destrucción», subrayando que atacar bienes estatales perjudica a las propias comunidades.
La interrupción del tránsito en la Ruta 5 Sur en Maule y la Avenida España en Valparaíso generó caos vehicular, lo que llevó a Transporte Informa a recomendar a los conductores usar rutas alternas. Además, el tren Limache-Puerto operó con frecuencia reducida.
Llamado al Diálogo y Aplicación de la Ley
Cordero insistió en que «no hay que confundir manifestación con destrucción», cerrando filas en torno al respeto al Estado de derecho. Las próximas horas serán clave para evaluar si las protestas continúan o si el llamado al diálogo logra destrabar el conflicto.
El gobierno chileno se muestra firme en su posición de perseguir legalmente a los responsables de los actos violentos, buscando restablecer el orden público y proteger a la comunidad. Sin embargo, también reconoce la importancia del diálogo para encontrar una solución pacífica al conflicto con los pescadores artesanales.
