La Cámara de Diputados ha rechazado la acusación constitucional presentada por la oposición contra la exministra de Defensa, Maya Fernández. La votación, que contó con 64 votos a favor y 70 en contra, sin abstenciones, pone fin a este proceso iniciado tras la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, abuelo de la exsecretaria de Estado.
El artículo 37 bis de la Constitución, que establece que «durante su ejercicio, los ministros no pueden celebrar o caucionar contratos con el Estado», fue el fundamento legal esgrimido por los parlamentarios de Chile Vamos y el Partido Republicano para presentar la acusación. Sin embargo, según el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), los argumentos de la oposición «fueron bastante débiles, más bien ataques personales».
Este revés para la oposición se produce en un contexto político marcado por la polarización y la búsqueda de réditos electorales. Las acusaciones constitucionales son, en palabras de Aedo, «juicios políticos», y en esta ocasión, la derecha no logró la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados para que prosperara su iniciativa.
Más allá de las implicaciones políticas, este desenlace también tiene relevancia jurídica. La decisión de la Cámara de Diputados sienta un precedente importante en torno a la interpretación y aplicación del artículo 37 bis de la Constitución, lo que podría tener repercusiones en futuras situaciones similares.
Implicaciones y Perspectivas
El rechazo de la acusación constitucional contra la exministra Fernández supone un revés significativo para la oposición, que buscaba desgastar políticamente al gobierno y generar un impacto en la opinión pública. Sin embargo, la Cámara de Diputados ha demostrado que, en esta ocasión, los argumentos jurídicos presentados no fueron lo suficientemente sólidos como para prosperar.
Este desenlace también plantea interrogantes sobre la efectividad y el uso adecuado de las acusaciones constitucionales en el sistema político chileno. Algunos expertos cuestionan si estas herramientas se han convertido en meros instrumentos de confrontación política, alejados de su propósito original de fiscalizar y sancionar eventuales abusos o irregularidades de los funcionarios públicos.
En este sentido, el debate sobre la reforma de la Constitución y el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas cobra especial relevancia. La búsqueda de un equilibrio entre el control político y las garantías jurídicas será fundamental para evitar que las acusaciones constitucionales se conviertan en armas de desgaste político.
Conclusión: Un Revés para la Oposición, un Llamado a la Reflexión
El rechazo de la acusación constitucional contra la exministra Fernández representa un revés significativo para la oposición, que no logró los votos necesarios para que prosperara su iniciativa. Este desenlace pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas, sin que estos se conviertan en meras herramientas de confrontación política.
La reforma constitucional y la búsqueda de un equilibrio entre el control político y las garantías jurídicas serán temas clave en la agenda política chilena en los próximos años. Solo así se podrá garantizar que las acusaciones constitucionales cumplan con su propósito original de fiscalizar y sancionar eventuales abusos o irregularidades de los funcionarios públicos, sin que se conviertan en armas de desgaste político.
