Los gremios del Ministerio Público han denunciado una ola de despidos injustificados en el marco de una supuesta «reestructuración institucional» liderada por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia. A través de un comunicado, las Asociaciones de Funcionarios critican duramente el uso del artículo 81k de la Ley Orgánica Constitucional del organismo, el cual aseguran se ha convertido en «un doloroso instrumento de abuso y desprotección laboral».
Según los funcionarios, este artículo ha sido utilizado para desvincular a trabajadores con más de 20 años de «impecable trayectoria institucional y excelencia reconocida», lo que ha sido respaldado por reiteradas sentencias de los Tribunales Laborales que han condenado al Ministerio Público por despidos injustificados.
Los gremios cuestionan que, en un contexto de estrechez presupuestaria, se «desperdicien» recursos en el pago de indemnizaciones por estos despidos, los cuales califican como «una excusa infundada para desvincular arbitrariamente a funcionarios». Denuncian que esta práctica no solo deteriora el clima organizacional y genera inseguridad, sino que también evidencia una «discriminación alarmante» hacia los funcionarios en comparación con los fiscales, a quienes no se les aplica este artículo.
Ante esta situación, las Asociaciones de Funcionarios exigen con urgencia a los parlamentarios que regulen el artículo 81k en el proyecto de fortalecimiento institucional del Ministerio Público, priorizando el respeto a los derechos laborales, la estabilidad emocional y económica de los trabajadores, y la integridad organizacional del organismo.
Según los gremios, esta problemática se contrapone directamente con el debate legislativo sobre el proyecto de fortalecimiento, donde se solicita una mayor dotación de recursos, mientras que en la práctica el Fiscal Nacional atenta contra la «integridad laboral y humana» de los funcionarios más experimentados y comprometidos.
Los funcionarios advierten que esta situación no solo fractura gravemente los equipos de trabajo, sino que también evidencia una discriminación alarmante hacia ellos en comparación con los fiscales, a quienes no se les aplica el artículo 81k. Exigen una regulación urgente de este artículo para garantizar la estabilidad y los derechos de los trabajadores del Ministerio Público.
