El gobierno peruano ha declarado estado de emergencia en Lima y Callao, permitiendo el despliegue de fuerzas militares para colaborar con la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia. Esta no es la primera vez que Perú recurre a esta estrategia, pero los resultados obtenidos en el pasado han sido cuestionados por expertos en seguridad.
Según los especialistas, si bien el estado de emergencia puede tener efectos temporales en la reducción de delitos menores, como robos de carteras o celulares, no aborda las causas profundas de la criminalidad, como el crimen organizado y la extorsión. El exministro del Interior, José Elice, afirma que esta medida «sirve, pero de manera temporal y no resuelve el problema de fondo».
Cuestionamientos a la Eficacia de los Militares
El general PNP (r) José Baella, exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), también ha expresado su escepticismo sobre la efectividad del estado de emergencia, señalando que «los antecedentes ya lo han demostrado, no funciona. Estamos repitiendo la misma receta fallida».
Algunos alcaldes de Lima Metropolitana han manifestado posturas divididas sobre la presencia de los militares. Mientras que Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, afirma que el estado de emergencia «no ha resuelto ni va a resolver el problema de fondo», Jhovinson Vásquez, alcalde de Ventanilla, considera que esta medida debe ir acompañada de estrategias claras y ser sostenible, no limitarse a acciones temporales.
Cifras Alarmantes de Homicidios
Las cifras de homicidios en Perú han alcanzado niveles preocupantes en los últimos años. Según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), durante el gobierno de Dina Boluarte, la tasa de homicidios se disparó a 6,03 por cada 100.000 habitantes en 2024, lo que se traduce en más de 2.000 muertes. Esta cifra es considerablemente más alta que en años anteriores, cuando rondaba entre los 2,98 y 4,50 por cada 100.000 habitantes.
Desconfianza en las Instituciones
Uno de los factores que agrava la crisis de seguridad en Perú es la desconfianza generalizada en las instituciones del Estado. Según encuestas de Datum, el 85% de los peruanos no confía en el Poder Judicial, mientras que el 73% desconfía de la fiscalía, lo que contribuye a la impunidad y a la ineficacia del sistema judicial.
César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), advierte que esta falta de confianza en las autoridades es un obstáculo crucial en la lucha contra el crimen, facilitando la expansión del crimen organizado.
¿Es Replicable en Chile?
La pregunta de si el modelo de estado de emergencia utilizado en Perú podría replicarse en Chile u otros países de la región tiene una respuesta incierta. Aunque las medidas de emergencia han tenido cierto impacto temporal en la reducción de delitos menores, los expertos coinciden en que no abordan las causas profundas de la criminalidad.
En el caso de Chile, cuya situación de seguridad es menos crítica en comparación con Perú, algunos expertos creen que replicar el modelo de estado de emergencia podría resultar contraproducente. En su lugar, sugieren invertir en una reforma del sistema de justicia, mayor colaboración entre las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de la inteligencia policial. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en un ciclo de medidas temporales sin resultados duraderos.
