El gobierno ha vuelto a la carga con su intención de limitar el voto de los extranjeros no nacionalizados en las elecciones presidenciales. Después de que la Comisión de Gobierno Interior del Senado declarara inadmisible la iniciativa que buscaba imponer multas a quienes no votaran, la Moneda ha dejado claro que no se dará por vencida y que volverá a llevar la propuesta a discusión.
La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, ha asegurado que ya se han iniciado las conversaciones para que el proyecto regrese a la comisión y se pueda debatir nuevamente la restricción del voto extranjero. La idea del gobierno es que los extranjeros que cumplan con los requisitos para votar solo puedan hacerlo en elecciones comunales, y no en las nacionales, además de exigir que tengan residencia definitiva en el país.
Esta propuesta ha generado un intenso debate, con voces a favor y en contra. La senadora UDI y miembro de la comisión, Luz Ebensperger, recordó que el oficialismo se opuso a esta idea en 2020 y ahora la impulsa por un «interés electoral». Por su parte, el gobierno argumenta que la medida busca fortalecer la participación cívica y la representación democrática.
Sin embargo, expertos en derecho electoral y organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la constitucionalidad y la conveniencia de esta propuesta. Algunos señalan que limitar el voto de los extranjeros podría vulnerar principios fundamentales como la igualdad y la no discriminación, y afectar la legitimidad de los procesos electorales.
Más allá de los argumentos jurídicos, esta iniciativa también plantea desafíos en términos de la integración de las comunidades migrantes y la construcción de una sociedad más inclusiva. Algunos analistas sostienen que restringir el voto extranjero podría profundizar la brecha entre nacionales y foráneos, y generar mayor exclusión y desconfianza en el sistema político.
En definitiva, la insistencia del gobierno en limitar el voto extranjero se perfila como una batalla política y legal de alto impacto. Mientras unos ven en esta medida una forma de fortalecer la democracia, otros la consideran un retroceso en materia de derechos y participación ciudadana. El debate está abierto y promete ser intenso en los próximos meses.
