En una decisión judicial, se ha ordenado a una médica colombiana devolver más de 200 millones de pesos al Servicio de Salud de Chiloé, Chile. La profesional había obtenido una beca financiada con fondos públicos para especializarse en pediatría en la Pontificia Universidad Católica de Chile, pero incumplió su obligación de prestar servicios en el sistema de salud pública, específicamente en el Hospital San Carlos de Ancud.
Según la directora del Servicio de Salud de Chiloé, Marcela Cárcamo, la entidad ganó una demanda judicial contra la médica, quien ahora deberá reembolsar los recursos estatales que recibió durante su proceso de especialización. Cárcamo destacó que los profesionales que se encuentran en perfeccionamiento perciben importantes beneficios, como aranceles, matrículas y remuneraciones, todo financiado por el Ministerio de Salud.
La doctora, luego de regresar de cursar su especialidad en Santiago, habría solicitado permiso sin goce de sueldo por más de un mes y posteriormente presentó su renuncia al cargo, lo que desencadenó la demanda en su contra. Este caso pone de manifiesto la importancia de que los profesionales de la salud que reciben apoyo del Estado cumplan con sus compromisos de servicio en el sistema público, a fin de garantizar el adecuado retorno de la inversión realizada en su formación.
Importancia de los Convenios de Especialización en el Sistema de Salud Público
Los convenios de especialización financiados con fondos públicos desempeñan un papel crucial en el fortalecimiento del sistema de salud chileno. Estos programas permiten a los profesionales de la salud acceder a oportunidades de perfeccionamiento y adquirir conocimientos y habilidades especializadas, lo cual redunda en una mejor atención y cuidado para los pacientes.
Sin embargo, es fundamental que los beneficiarios de estos convenios cumplan con su compromiso de prestar servicios en el sistema público de salud, de lo contrario se pone en riesgo la sostenibilidad y el adecuado funcionamiento de este importante mecanismo de desarrollo profesional
, señaló la directora Cárcamo.
Garantizar el Retorno de la Inversión Pública
Casos como el de esta médica colombiana evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y control para asegurar que los profesionales que reciben apoyo del Estado cumplan con sus obligaciones. Esto no solo protege la inversión realizada, sino que también garantiza que la población tenga acceso a servicios de salud de calidad en todo el territorio nacional.
Además, la aplicación de sanciones como la devolución de los fondos recibidos envía un mensaje claro a los futuros beneficiarios de estos programas, alentándolos a honrar sus compromisos y contribuir al fortalecimiento del sistema de salud público.
En resumen, este caso resalta la importancia de los convenios de especialización financiados con recursos públicos, así como la necesidad de que los profesionales de la salud que se benefician de estos programas cumplan con sus obligaciones de servicio en el sistema de salud pública.