Después de que se dieran a conocer una serie de observaciones de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los inhibidores de señal en las cárceles, el Gobierno de Chile ha tomado medidas enérgicas. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, anunció que se ha interpuesto una denuncia por el delito de violación de secreto, contemplado en el artículo 246 del Código Penal, con el objetivo de investigar el origen de la filtración del informe reservado.
Según Gajardo, el informe de la CGR contiene detalles sobre el funcionamiento del sistema de inhibidores, información clave para la seguridad penitenciaria que no debe estar en manos de «líderes de bandas criminales». El ministro destacó que si bien el sistema de inhibidores está funcionando y se han recogido las recomendaciones de la Contraloría, incluyendo un segundo proceso licitatorio para ampliar la cobertura, el informe es de carácter reservado y su divulgación pone en riesgo la seguridad del país.
Protegiendo la Integridad de las Instituciones
Gajardo enfatizó la importancia de proteger a las instituciones y la seguridad nacional, señalando que todos los actores deben actuar con «altura de mira» y resguardar la información sensible. Asimismo, indicó que la Contralora General, Dorothy Pérez, está implementando medidas para evitar futuras filtraciones de este tipo.
Por su parte, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, comunicó que dará prioridad a la investigación de esta denuncia, ya que este tipo de situaciones «ponen en riesgo la seguridad penitenciaria».
Fortaleciendo la Seguridad Carcelaria
El Gobierno ha reafirmado su compromiso con el fortalecimiento del sistema de inhibidores de señal en las cárceles, reconociendo las observaciones de la Contraloría y avanzando en un nuevo proceso licitatorio para ampliar la cobertura. Sin embargo, la filtración del informe reservado ha obligado a las autoridades a tomar medidas legales para proteger la integridad de la información y evitar que caiga en manos de grupos delictivos.
Esta situación evidencia la importancia de mantener la confidencialidad de los detalles técnicos y operativos de los sistemas de seguridad penitenciaria, a fin de preservar la eficacia de las medidas implementadas y salvaguardar la seguridad de la población carcelaria y de la sociedad en general.
