La Contraloría General de la República ha iniciado un juicio de cuentas contra el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, y otros cinco funcionarios del Gobierno Regional, por presuntas irregularidades en la ejecución de un convenio de $268 millones con la fundación ProCultura.
Según el informe de Contraloría, se detectaron diversas anomalías, incluyendo sobreprecios, $54 millones objetados y $20 millones no ejecutados. Además, se investiga la presunta intervención del gobernador Crisóstomo en la selección de la empresa Esquerré para realizar el proyecto, a pesar de que oficialmente el ejecutor era ProCultura.
Juicio Administrativo y Repercusiones Penales
Frente a la apertura del juicio de cuentas, Crisóstomo ha afirmado que se trata de un proceso administrativo aún en etapa de descargos, y que el programa financiado se ejecutó correctamente. Sin embargo, la consejera regional Lorena Jardua (UDI) ha insistido en que hubo manejos políticos irregulares, sobreprecios y falta de transparencia.
A nivel judicial, el gobernador también fue declarado sujeto de interés en la investigación penal liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. En octubre de 2024, Crisóstomo fue citado a declarar en calidad de imputado, pero hizo uso de su derecho a guardar silencio.
Impacto en la Región y Futuro Político
Este escándalo de corrupción ha generado gran preocupación y desconfianza en la ciudadanía de Ñuble, quienes exigen transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades. El proceso judicial sigue en curso y podría traer nuevas repercusiones para la autoridad regional, afectando su imagen y credibilidad.
La situación plantea importantes desafíos para la gobernabilidad y el desarrollo de la región, al tiempo que pone en tela de juicio la integridad de los funcionarios públicos encargados de administrar los recursos de la comunidad.
