Una exhaustiva investigación de la Contraloría General de la República ha destapado graves fallas en los sistemas de inhibidores de señal implementados en diversas cárceles del país, revelando que los reclusos han logrado burlar la tecnología y mantener comunicaciones con el exterior, a pesar de la millonaria inversión realizada por el Gobierno.
Según el Informe Reservado 642 de la CGR, el sistema denominado «Guardian», contratado a un costo de $5.654.880.000 a las empresas israelí Septier Communication y chilena TIER 1, presenta serias deficiencias que permiten a los internos acceder a telefonía móvil e internet, incluso cuando sus dispositivos se encuentran en la «lista negra» del sistema.
Anomalías Detectadas
El informe de la Contraloría detalla diversas anomalías que posibilitan a la población penal mantener comunicaciones con el exterior:
Interferencia en Antenas
Las antenas instaladas cerca de los recintos penitenciarios pueden generar interferencia en las señales de bloqueo, mejorando la calidad de recepción y permitiendo que incluso los dispositivos bloqueados puedan conectarse a la red.
Creatividad Criminal
Los reclusos han desarrollado diversas estrategias para evadir la tecnología inhibidora, como la eliminación de GPS, cambio reiterado de chips, encendido y apagado constante de los dispositivos, y el uso de contramedidas tecnológicas como la clonación de IMEI.
Limitaciones Técnicas
Según Gendarmería, los materiales presentes en el entorno afectan la efectividad de las señales de radiofrecuencia, mientras que la potencia de transmisión y la evolución tecnológica también impactan negativamente en el desempeño del sistema, obligándolo a estar en constante actualización.
Pagos Pese a Inactividad
Aún con estas fallas, la Gendarmería de Chile ha continuado emitiendo los estados de pago por el servicio de «Guardian», incluso en períodos en los que el sistema no detectó dispositivos, lo que implica un eventual cobro de multas por $27.000.000 que la entidad no aplicó, según la Contraloría.
Sistemas Obsoletos
Pero «Guardian» no es el único sistema con problemas. El informe también revela que el sistema «Jammer», implementado en otros penales entre 2005 y 2013, funciona aún peor, ya que solo aborda hasta la red 2G, siendo incapaz de bloquear señales de redes más avanzadas.
Además, se determinó que el 33,52% de los dispositivos Jammer presentan daños por vandalismo, y solo el 66,48% a nivel nacional se encuentran operativos.
Cuestionamientos y Acciones Legales
Tras la revelación de este informe, el diputado Sergio Bobadilla, de la UDI, emplazó al actual Ministro del Interior, Luis Cordero, acusándolo de haber mentido sobre el funcionamiento de los inhibidores en las cárceles, calificando el gasto de $5.700 millones como «un mal uso de los recursos públicos».
Asimismo, la Contraloría ha enviado las anomalías detectadas al Ministerio Público para identificar eventuales delitos relacionados con el mal uso de los fondos destinados a estos sistemas de seguridad penitenciaria.
