El gobierno del presidente Javier Milei ha denunciado a la jueza Karina Andrade por ordenar la liberación de más de un centenar de detenidos tras las protestas en apoyo a los jubilados argentinos. La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, acusó a la magistrada de no revisar los antecedentes de los implicados y de violar la Ley de Reiterancia.
Según Bullrich, los manifestantes eran «los violentos de siempre, los barras bravas y los militantes kirchneristas y de izquierda» que atacaron a la policía con palos, cuchillos y fuego, dejando a varios agentes heridos y patrulleros incendiados. Sin embargo, la jueza Andrade «los dejó libres sin siquiera revisar sus antecedentes».
La ministra calificó la decisión de la jueza como «complicidad» y aseguró que «violó la Ley de Reiterancia, intervino donde no debía y hasta liberó a todos ¡por WhatsApp!». Bullrich denunció que entre los liberados había «delincuentes con causas por robo, drogas y agresiones».
En su fallo, la jueza Andrade argumentó que «se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades, a la libertad de expresión». Además, indicó que la información sobre las detenciones «se volvía imprecisa y dificultosa» y que la Policía no proporcionó detalles sobre los delitos cometidos por los detenidos.
Sin embargo, Bullrich rechazó estas justificaciones y aseguró que «no fue un error, fue complicidad». La ministra anunció que el gobierno de Milei «denunció a la jueza por prevaricato, incumplimiento de deberes y encubrimiento», y advirtió que «no van a permitir que la justicia sea un chiste y pro delincuentes».
Las masivas protestas fueron convocadas por organizaciones de jubilados y pensionados que exigían la actualización de las pensiones, la restitución de la cobertura de medicamentos y la continuidad de la moratoria previsional. Según Bullrich, estos reclamos fueron aprovechados por «patotas, barrabravas, agrupaciones de izquierda violentas y distintos sectores que buscan la desestabilización total y absoluta del gobierno».
La jueza Andrade deberá responder a las graves acusaciones del gobierno de Milei, en un caso que pone de manifiesto la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en torno al manejo de las protestas sociales.
