Durante el año 2024, Chile enfrentó una preocupante escalada de violencia contra los defensores del medio ambiente, según un informe reciente de la organización Escazú Ahora. En total, 27 activistas ambientales -14 hombres y 13 mujeres- sufrieron vulneraciones a sus derechos, lo que representa un aumento significativo en comparación con el año anterior.
Uno de los hallazgos más alarmantes es que las mujeres fueron las más afectadas, acumulando el 70% de los casos. Además, se registró un aumento del 35% en los ataques físicos, que llegaron a representar casi la mitad de todas las agresiones.
Según el presidente de Escazú Ahora, Sebastián Benfeld, esta escalada de violencia puede deberse a varios factores, como el incremento en los conflictos socioambientales y la impunidad que ha permitido que los ataques aumenten sin consecuencias para los perpetradores.
Regiones más conflictivas
El informe destaca que las regiones más afectadas fueron Valparaíso (26,9% de los casos), Bío Bío (26,9%) y Los Lagos (15,4%), donde abundan los conflictos entre comunidades locales y empresas forestales.
Además, solo el 61,8% de los casos fueron denunciados a la justicia, lo que indica que una parte importante de los defensores ambientales no confía en el sistema judicial para protegerlos. De las denuncias presentadas, 25 permanecen en trámite más de seis meses después, tres fueron rechazadas o tuvieron un resultado desfavorable y solo una obtuvo una resolución a favor.
Esfuerzos por proteger a los defensores ambientales
En marzo de 2022, Chile ratificó el Acuerdo de Escazú, un pacto pionero a nivel mundial en la búsqueda de protección para los activistas medioambientales. Además, en mayo de 2024, un grupo de parlamentarios ingresó un proyecto de ley para proteger a quienes defienden la naturaleza y los derechos humanos en asuntos ambientales, aunque su tramitación recién se reactivó a principios de 2025.
La situación de los defensores ambientales en Chile es preocupante y exige una respuesta urgente de las autoridades. Estos activistas desempeñan un papel fundamental en la defensa de la democracia y la sostenibilidad, por lo que es crucial que el Estado cumpla con su deber de garantizar su seguridad y proteger sus derechos.
