Milei anunció en la Asamblea Legislativa el envío de un proyecto para reformar y endurecer la política migratoria en Argentina. Entre los principales cambios, se plantea fijar nuevos parámetros para obtener la residencia de extranjeros y sumar más requisitos para acceder a la ciudadanía.
Actualmente, la ley requiere solo dos años de residencia ininterrumpida, justificación de empleo y certificado sin antecedentes penales. Sin embargo, el gobierno busca aumentar los controles en las fronteras con países vecinos como Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay para evitar el ingreso ilegal de extranjeros y reducir delitos como narcotráfico y contrabando.
Según el censo 2022, el 4,2% de la población argentina (1.933.463 personas) son ciudadanos extranjeros, siendo los principales países de origen Paraguay (27%), Bolivia (17,5%) y Venezuela (8,4%). Particularmente, la población carcelaria de origen chileno ha aumentado significativamente, con un alza del 33% en la provincia de Buenos Aires y 6,5% a nivel nacional en los últimos tres años.
Otro punto clave de la reforma es el arancelamiento de la salud pública y la educación universitaria para extranjeros no residentes en Argentina. Esto busca evitar el llamado «turismo sanitario» y generar una reciprocidad con países como Chile, donde los argentinos deben pagar por atención médica de emergencia.
Según Milei, queremos que aquellos extranjeros que estén de forma transitoria o temporaria en nuestro país tengan que pagar por los servicios que utilizan
. Además, se avanzará en el cobro de aranceles a estudiantes extranjeros en las universidades públicas, como una forma de financiamiento alternativo.
Si bien la oposición ofrecerá resistencia a estas medidas, el gobierno confía en el «efecto rebote» de la discusión. De no lograr el consenso legislativo, Milei podría recurrir a la firma presidencial mediante un decreto, tal como hizo con otros temas controversiales.
