El reciente informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha puesto de manifiesto un preocupante panorama en torno a la crisis habitacional que enfrenta Chile. A pesar de los esfuerzos del gobierno, el avance en la implementación del plan de emergencia para abordar los asentamientos irregulares y los cambios en los criterios judiciales para los desalojos ha sido lento y poco efectivo.
Según el informe, más de 70,000 hogares aún se encuentran distribuidos en 1,432 campamentos o asentamientos informales a lo largo del país. Esto representa un desafío significativo, ya que pone en evidencia la necesidad urgente de abordar esta problemática de manera integral y eficaz.
Garantizar la Seguridad Jurídica de la Tenencia
Uno de los principales hallazgos del informe es que la seguridad jurídica de la tenencia no está garantizada para las personas que habitan en estos asentamientos. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Vivienda por agilizar la radicación o reubicación de estos asentamientos, la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente.
Además, el informe señala que el Estado aún no ha incorporado normas que aseguren el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en eventuales desalojos. Esto pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas que viven en estos campamentos.
Desigualdad y Vulnerabilidad en los Campamentos
El informe también revela que el 48% de las personas que viven en campamentos se encuentra bajo la línea de la pobreza, en comparación con el 7% a nivel nacional. Esto evidencia la profunda desigualdad y vulnerabilidad que enfrentan quienes habitan en estos asentamientos informales.
Además, se destaca que el 58.3% de los campamentos se ubica en terrenos fiscales, el 32% en terrenos privados y el 9.5% en terrenos mixtos. Esta situación plantea desafíos adicionales en términos de la afectación del derecho a la propiedad de los titulares de los terrenos donde se encuentran estos asentamientos.
Avances Insuficientes en el Plan de Emergencia
El informe también aborda el Programa de Emergencia Habitacional del Ministerio de Vivienda, que se propuso fortalecer las estrategias de radicación de los asentamientos mediante su urbanización o el desarrollo de nuevos proyectos. Sin embargo, solo el 3.4% de los hogares en campamentos ha sido beneficiado con un subsidio habitacional desde marzo de 2022 a julio de 2024.
Esto evidencia que, a pesar de las buenas intenciones, la implementación del plan de emergencia ha sido lenta y poco efectiva, lo que ha impedido que un mayor número de familias puedan acceder a soluciones habitacionales adecuadas.
Amenazas y Riesgos en los Campamentos
Otro aspecto relevante del informe es la identificación de 889 amenazas que afectan a distintos campamentos a nivel nacional, como remoción en masa, tsunamis, incendios forestales, amenazas antrópicas e inundaciones. Según un examen realizado por Techo Chile en 2023, el 91.3% de los campamentos del país se encuentra expuesto, al menos, a una de estas amenazas.
Esto pone de manifiesto la necesidad urgente de implementar medidas de prevención y mitigación de riesgos, así como de garantizar la seguridad y la protección de las personas que habitan en estos asentamientos.
Conclusión: Acelerar el Progreso y Garantizar el Derecho a la Vivienda
El informe del INDH evidencia que, si bien se han realizado algunos esfuerzos, el avance en la resolución de la crisis habitacional en Chile sigue siendo lento y poco efectivo. Es necesario acelerar el progreso, fortalecer las estrategias de radicación y reubicación, y garantizar el cumplimiento de los estándares de derechos humanos para lograr una solución integral y sostenible a este desafío.
Solo a través de un abordaje integral, que involucre a todos los actores relevantes y priorice el respeto por los derechos de las personas, se podrá avanzar hacia la garantía del derecho a la vivienda adecuada para todos los chilenos.
