El Caso Convenios, que ha acumulado 41 imputados en 20 meses y casi $60 mil millones bajo sospecha por malversación de fondos públicos, ha generado una ola de críticas y exigencias por parte de parlamentarios oficialistas y de oposición hacia la Fiscalía Nacional.
Tras las declaraciones del fiscal y jefe de la Unidad de Anticorrupción, Eugenio Campos, quien aseguró que habrá nuevas formalizaciones este año, los legisladores instaron al Ministerio Público a acelerar las investigaciones sin ceder ante presiones políticas. Esto incluye aplicar el mismo criterio en otros casos como el Caso Hermosilla.
El diputado socialista Jaime Naranjo consideró las declaraciones de Campos una obviedad, mientras que su compañero de bancada, Marcos Ilabaca, pidió que las indagaciones se realicen sin injerencias externas. Por su parte, los diputados de RN Miguel Mellado y Andrés Celis cuestionaron la demora en el desafuero de la ex parlamentaria del Frente Amplio, Catalina Pérez, sugiriendo posibles presiones políticas.
El diputado independiente Rubén Oyarzo señaló que las declaraciones del fiscal Campos no se reflejan en la realidad, ya que no se ha investigado en profundidad al jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Miguel Crispi. En respuesta, la Fiscalía Regional de Antofagasta decidió cerrar la investigación sobre la omisión de denuncia en el Caso Convenios que lo involucraba, argumentando falta de antecedentes.
Los parlamentarios exigen que la Fiscalía mantenga su independencia y aplique el mismo rigor investigativo a todos los casos, sin importar el cargo o jerarquía de los implicados. Esperan que este año sea clave, con nuevas formalizaciones y posibles juicios que permitan esclarecer la trama de corrupción que ha sacudido al gobierno.
