Los diputados de Renovación Nacional, Ximena Ossandón y Frank Sauerbaum, han manifestado su rechazo absoluto a la propuesta del Gobierno de incorporar un inversor estatal en el sistema de pensiones. Esta medida no fue contemplada en el acuerdo previsional recientemente aprobado.
Sauerbaum fue enfático al señalar que esta propuesta no cuenta con apoyo político y que su implementación transformaría el sistema previsional en uno completamente estatal, afectando la rentabilidad de los ahorros previsionales y debilitando la competencia en el sector
. Asimismo, advirtieron que la iniciativa del Ejecutivo apunta a un control total del sistema de pensiones, eliminando paulatinamente la competencia del sector privado, lo que impactaría en la rentabilidad de los fondos y, por ende, en las pensiones futuras de los trabajadores.
Rechazo Político y Técnico a la Propuesta
Ossandón calificó la insistencia del Gobierno en esta materia como una maniobra política sin viabilidad en el Congreso. Explicó que cuando la ministra (Jeannette) Jara habla de ingresar un inversor estatal, lo que está haciendo es hablarle a su grupo de referencia para apaciguar los ánimos, a Apruebo Dignidad, para evitar problemas en la sala el último miércoles
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Además, Ossandón señaló que técnicamente un inversor estatal remece todo el andamiaje del sistema por las siguientes razones: Porque si participa en las licitaciones de afiliados se daría el absurdo de que es quien licita y quien se adjudica al mismo tiempo. Además, tendría participación en los directorios de empresas privadas a través de paquetes accionarios, al mismo tiempo que varias de esas empresas son reguladas por el mismo Estado (eléctricas, agua, carreteras)
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Falta de Apoyo Político y Viabilidad Legislativa
Sauerbaum reiteró que nosotros no somos partidarios de eso y no van a estar los votos. Además, es una norma de quorum y creemos que en el Congreso, ni en este ni en el siguiente, van a haber posibilidades de aprobarlo
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Los diputados de Renovación Nacional han dejado en claro su rechazo a la propuesta gubernamental, argumentando que afectaría la rentabilidad de los ahorros previsionales, debilitaría la competencia en el sector y desconocería el acuerdo previsional alcanzado recientemente.
