En un sorprendente giro de los acontecimientos, la Fiscalía de Corea del Sur ha decidido imputar al presidente Yoon Suk-yeol por el delito de insurrección. Esta es la primera vez en la historia del país que se presenta una acusación de este tipo contra un presidente en ejercicio.
Según la investigación impulsada por la Oficina para la Investigación de Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), Yoon habría conspirado con el entonces ministro de Defensa Nacional, Kim Yong-hyun, y otros militares para declarar la ley marcial la noche del 3 de diciembre. Además, se le acusa de abusar de su poder al enviar tropas a la Asamblea Nacional (Parlamento) con el objetivo de impedir que los diputados revocaran su decreto.
Graves Consecuencias Legales
Si Yoon es hallado culpable de liderar una insurrección, delito para el cual un presidente surcoreano no tiene inmunidad, podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte. Cabe destacar que, si bien la pena capital existe en Corea del Sur, ha habido una moratoria sobre su aplicación desde 1997.
Juicio Político en Paralelo
Mientras se desarrolla el caso penal, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur está celebrando un juicio político para determinar si ratifica o no la destitución de Yoon, aprobada por el Parlamento el 14 de diciembre. Si el máximo tribunal confirma su inhabilitación, deberán convocarse elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días.
Este escándalo político ha sacudido los cimientos de la democracia surcoreana y pone en evidencia la necesidad de una mayor rendición de cuentas y transparencia por parte de los líderes políticos. La resolución de este caso tendrá un impacto significativo en el futuro político del país.
