La Corte Suprema de Perú ha ratificado la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, quien enfrenta cargos por su fallido intento de golpe de Estado en 2022. La decisión judicial se basa en el riesgo latente de que Castillo se aleje de la justicia, así como en la gravedad de los delitos que se le imputan, que incluyen rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública.
Según la resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por César San Martín, la Fiscalía ha solicitado 34 años de cárcel para Castillo, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y medio. Esto se debe a que el expresidente habría intentado dar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y la formación de un gobierno de emergencia.
El Fallido Intento de Golpe de Estado
Tras el anuncio golpista de Castillo, este intentó llegar a la Embajada de México en Lima, donde buscaba solicitar asilo político. Sin embargo, fue detenido antes de lograr su cometido. Según la resolución judicial, existen declaraciones previas y públicas del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que confirman que Castillo se comunicó con él con el propósito de obtener asilo.
La esposa de Castillo y sus dos hijos menores lograron viajar a México y obtener asilo en ese país, mientras que el expresidente peruano permanece detenido y siendo procesado en Lima. La Corte Suprema ha determinado que no han surgido nuevos elementos que cambien la situación jurídica de Castillo, por lo que su prisión preventiva se mantiene vigente.
Implicaciones y Perspectivas
Este caso ha generado una profunda crisis política en Perú, con fuertes repercusiones en la estabilidad institucional del país. La decisión de la Corte Suprema de mantener a Castillo en prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio por rebelión y otros cargos, refleja la gravedad de los hechos y la determinación de las autoridades judiciales de hacer prevalecer el Estado de Derecho.
Más allá de las implicaciones legales, este caso también plantea importantes interrogantes sobre los desafíos que enfrentan las democracias latinoamericanas frente a intentos de desestabilización política. La respuesta de las instituciones peruanas será clave para preservar la confianza ciudadana y sentar un precedente claro en defensa de la democracia.
La Corte Suprema de Perú ha ratificado la prisión preventiva de Pedro Castillo, quien enfrenta cargos por su fallido intento de golpe de Estado en 2022.
En resumen, la decisión de la Corte Suprema de Perú de mantener la prisión preventiva de Pedro Castillo es un hito importante en el proceso judicial que enfrenta el expresidente por su fallido intento de golpe de Estado. Este caso seguirá siendo objeto de escrutinio y debate público, con implicaciones significativas para la estabilidad política y democrática del país.
