Luego de meses de investigación, el Ministerio Público ha presentado la solicitud de sobreseimiento definitivo del Presidente Gabriel Boric en relación con la denuncia por presunta divulgación no consentida de imágenes íntimas. Según informó el fiscal a cargo de la causa, las diligencias realizadas han establecido la total inocencia del Mandatario.
El caso surgió a finales de noviembre de 2024, cuando se dio a conocer una denuncia que acusaba al Presidente de la presunta difusión de material íntimo sin su consentimiento. La denuncia, presentada en la Fiscalía Regional de Magallanes, generó gran incertidumbre y controversia en el Gobierno, que se vio envuelto en debates sobre el manejo de la información dentro de la administración.
Sin embargo, luego de agotar todas las diligencias relacionadas con el caso, el fiscal a cargo, Cristián Crisosto, ha determinado que no existen pruebas suficientes para sustentar la acusación. En palabras del abogado defensor del Presidente, Jonatan Valenzuela: Se ha establecido la total inocencia de mi representado, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font
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Antecedentes del Caso
Según lo revelado por el abogado Valenzuela, entre 2013 y 2014, el Presidente Boric fue objeto de acoso por parte de una persona que le envió múltiples correos electrónicos con contenido sexual explícito. La víctima en este caso es el Presidente Boric, quien recibió durante ese período mensajes y fotografías de carácter íntimo, en los que la remitente expresaba su deseo de iniciar una relación.
Estos antecedentes fueron entregados por la defensa a la Fiscalía, que revisó la información y concluyó que la denuncia original carecía de pruebas suficientes para sustentar la acusación contra el Mandatario.
Cierre del Caso y Lecciones Aprendidas
La solicitud de sobreseimiento presentada por el Ministerio Público pone fin a un caso que generó gran revuelo político y mediático, y que puso en tela de juicio el manejo de la información dentro de la administración gubernamental. Este desenlace resalta la importancia de respetar el debido proceso y de no precipitarse en juicios públicos sin contar con evidencia sólida.
Además, el caso sirve como un recordatorio de la necesidad de proteger la privacidad y la seguridad de las autoridades públicas, quienes también pueden ser víctimas de acoso y violaciones a su intimidad. Es crucial que se implementen medidas efectivas para prevenir y sancionar este tipo de conductas, preservando así la integridad y la confianza en las instituciones democráticas.
