La Fiscalía de Antofagasta ha dado un paso significativo en la investigación del caso Democracia Viva, al presentar una solicitud de desafuero contra la diputada Catalina Pérez. Esta acción legal es un requisito necesario para avanzar hacia una eventual formalización y solicitud de medidas cautelares en contra de la parlamentaria.
La investigación se centra en presuntos delitos de fraude al fisco relacionados con la suscripción de convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva durante el año 2022. Según las autoridades, se habrían reunido suficientes antecedentes que apuntan a la participación de la diputada Pérez en estos hechos.
Implicaciones Políticas y Legales
El desafuero de un legislador es un procedimiento delicado que implica la suspensión temporal de su inmunidad parlamentaria. Esto permitiría al Ministerio Público avanzar con la investigación y, de ser necesario, solicitar medidas cautelares en contra de la diputada Pérez.
Esta solicitud de desafuero es un paso crucial en el proceso, ya que sin ella no sería posible formalizar cargos y continuar con la investigación de manera efectiva
, explicó el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela.
Antecedentes del Caso Democracia Viva
El caso Democracia Viva se originó a raíz de una denuncia por presuntos delitos de fraude al fisco en torno a la suscripción de convenios entre el Minvu de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. Según las investigaciones, estos acuerdos habrían sido utilizados para desviar fondos públicos con fines ajenos a los objetivos declarados.
La diputada Catalina Pérez, quien en su momento formó parte del Frente Amplio, estaría siendo investigada por su supuesta participación en estos hechos. Cabe destacar que el desafuero de un parlamentario es un procedimiento excepcional que solo se activa cuando existen antecedentes sólidos que respaldan la investigación de posibles delitos.
Implicaciones y Próximos Pasos
La solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Antofagasta deberá ser resuelta por el Pleno de la Corte de Apelaciones de la ciudad. De ser aprobada, esto permitiría al Ministerio Público avanzar con la formalización de cargos y la solicitud de medidas cautelares en contra de la diputada Pérez.
Este caso ha generado gran interés y expectativa en el ámbito político, ya que podría tener importantes repercusiones en la carrera de la parlamentaria y en la dinámica del Congreso. Será fundamental seguir de cerca los próximos pasos de esta investigación y sus posibles implicaciones en el ámbito legal y político.
