En un giro inesperado en el Caso Puerto Coronel, el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, ha sido sometido a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno por su presunta implicación en delitos de corrupción. La Fiscalía ha acusado al jefe comunal, recientemente electo, de recibir 82 millones de pesos a través de 21 pagos en concepto de sobornos.
Según la investigación, el intermediario encargado de entregar estas sumas de dinero habría sido Víctor Olivares, dueño de una empresa que operaba como contratista para Puerto Coronel. Además, se sospecha que Olivares habría emitido facturas falsas en coordinación con el exgerente de Administración y Finanzas de la compañía, Daniel Chamorro.
La fiscal adjunta de Coronel, Glenda Lagos, ha señalado que la investigación se centra en tres aristas principales. La primera abarca los sobornos presuntamente recibidos por el alcalde Chamorro y el entonces concejal Eduardo Araya, así como por cuatro dirigentes sindicales aún no formalizados.
La segunda línea de investigación apunta a establecer la participación de pequeñas y medianas empresas proveedoras del puerto, las cuales habrían facilitado facturas ideológicamente falsas para justificar los pagos irregulares en la contabilidad empresarial.
La tercera y última arista involucra a exejecutivos y directivos de Puerto Coronel, quienes habrían ordenado, ejecutado y conocido el modus operandi para el pago irregular de fondos.
Este escándalo de corrupción ha sacudido a la comunidad de Coronel, y la medida cautelar impuesta al alcalde Chamorro ha generado un intenso debate sobre la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. A medida que la investigación avanza, se espera que se revelen más detalles que permitan esclarecer por completo este caso de corrupción que ha conmocionado a la región.
