El matrimonio infantil, una práctica que afecta de manera desproporcionada a las niñas, sigue siendo una realidad en varios países de América Latina y el Caribe. A pesar de los avances legislativos en la región, persisten resistencias sociales y culturales que dificultan su erradicación, especialmente en comunidades rurales y marginadas.
Panorama Regional: Según datos de la CEPAL, una de cada cuatro mujeres jóvenes en América Latina y el Caribe se casó o estableció una unión temprana antes de los 18 años. Países como Nicaragua, Honduras y República Dominicana encabezan las tasas más altas de matrimonio infantil en la región, mientras que México, Perú, Guatemala y Colombia también registran casos en los últimos años. Sin embargo, la comparación entre países es compleja debido a la variación en las cifras oficiales y las fechas de actualización.
Avances Legislativos y Desafíos Persistentes
En los últimos años, varios países de la región han dado pasos importantes para prohibir el matrimonio infantil. Por ejemplo, El Salvador, Guatemala y Honduras eliminaron todas las excepciones legales a la edad mínima para contraer matrimonio en 2017, mientras que Cuba hizo lo mismo en 2022. Estos esfuerzos se enmarcan en las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que insta a los países a establecer los 18 años como edad mínima para el matrimonio.
Sin embargo, la implementación de estas medidas sigue siendo un desafío. La pobreza, la marginalidad y la falta de educación a menudo contribuyen a que las familias vean en el matrimonio infantil una forma de mejorar la vida económica de las niñas, considerándolo en ocasiones como la única salida. Además, las resistencias sociales y culturales en algunas comunidades complican la erradicación de esta práctica.
El Caso de Chile: Prohibición Total del Matrimonio Infantil
Chile es un ejemplo reciente de los esfuerzos por erradicar el matrimonio infantil. En diciembre de 2022, la Ley N.º 21.515 estableció la mayoría de edad (18 años) como requisito indispensable para contraer matrimonio civil, eliminando la excepción que permitía que adolescentes de 16 y 17 años se casaran con el consentimiento de sus padres o tutores legales.
Según datos de la Cámara de Diputados, entre 2018 y 2020, la diferencia de edad entre adolescentes mujeres de 16 y 17 años y sus parejas llegaba a 38 años. Además, durante ese período se celebraron 135 matrimonios en los que uno de los contrayentes era un adolescente.
La nueva ley establece que cualquier matrimonio celebrado con menores de edad será nulo y no podrá ser validado, ni siquiera por voluntad de las partes o el paso del tiempo. Cualquier persona puede solicitar la nulidad del matrimonio hasta que el contrayente menor alcance la mayoría de edad, en línea con el principio del interés superior del niño, niña o adolescente.
Conclusión: Hacia una Protección Integral de los Derechos
Si bien se han logrado avances legislativos en la región, el matrimonio infantil sigue siendo una realidad que afecta de manera desproporcionada a las niñas. La erradicación de esta práctica requiere un abordaje integral que combine cambios legales, educación, empoderamiento de las comunidades y atención a las raíces culturales que la sustentan. Solo así podremos garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe.
