La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la denuncia interpuesta por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) en contra de Blanco y Negro, la concesionaria que rige a Colo Colo. Como resultado, la empresa deberá pagar una multa millonaria por los graves incidentes registrados durante el clásico ante Universidad Católica en febrero de 2020.
El ente fiscalizador presentó la acción legal acusando severas faltas de seguridad por parte del organizador del evento. El SERNAC recibió múltiples reclamos de asistentes al encuentro, quienes denunciaron una serie de hechos violentos protagonizados por integrantes de la Garra Blanca, tanto en las afueras como al interior del Estadio Monumental.
Incluso, un fuego de artificio le provocó heridas en una de las piernas y un trauma acústico al entonces jugador albo Nicolás Blandi, lo que finalmente repercutió en la suspensión del encuentro.
Fallo Judicial y Multa Millonaria
El tribunal de primera instancia acogió los argumentos expresados en la denuncia del SERNAC, estableciendo que Blanco y Negro -en su calidad de organizador del evento deportivo- incurrió en una serie de deficiencias relativas al derecho a la seguridad de los asistentes.
El fallo del Juzgado de Policía Local de Macul fue ratificado por la Corte de Apelaciones, por lo que Blanco y Negro fue condenada a pagar una multa de 200 UTM (más de 13 millones de pesos). Cabe mencionar que la sentencia no fue apelada por Colo Colo ante la Corte Suprema, por lo que debe ejecutoriarse.
Lecciones Aprendidas y Mejoras Pendientes
Este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar la seguridad de los asistentes a eventos deportivos, especialmente en clásicos de alta convocatoria. La sanción a Colo Colo debe servir como un llamado de atención para que los organizadores de este tipo de encuentros implementen medidas más efectivas y se responsabilicen por los incidentes que puedan ocurrir.
Además, este fallo judicial reafirma el rol del SERNAC como ente defensor de los derechos de los consumidores, demostrando su capacidad para exigir rendición de cuentas a las empresas que incumplen con sus obligaciones. Esperemos que este caso siente un precedente y motive a los organizadores a priorizar la seguridad por sobre cualquier otro interés.
