En una acción contundente contra la explotación sexual infantil, las autoridades de Calama, región de Antofagasta, han detenido a un médico colombiano de 48 años por su presunta implicación en el almacenamiento de pornografía infantil. La investigación, liderada por la Fiscalía local y la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), reveló un caso preocupante que ha llevado al médico a enfrentar la medida cautelar de prisión preventiva.
Según los antecedentes presentados en la audiencia, la investigación se inició a partir de información proporcionada por una plataforma internacional especializada en la detección de este tipo de delitos. Los datos permitieron establecer la existencia de un usuario que mantenía material pornográfico infantil y cuyas conexiones de IP estaban georreferenciadas en Calama. Tras una serie de diligencias, las autoridades lograron identificar al sospechoso, quien ejercía funciones como médico en un Centro de Salud Familiar (Cesfam) de la ciudad.
Durante el allanamiento del domicilio del imputado, los detectives de la PDI incautaron diversos dispositivos electrónicos que contenían una gran cantidad de archivos de video e imágenes de pornografía infantil. Esto, sumado a los antecedentes que demostraban descargas de material en distintas fechas y dispositivos, llevó al Juzgado de Garantía a decretar la medida cautelar de prisión preventiva en contra del médico colombiano, considerando el peligro que representa para la seguridad de la sociedad.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la cooperación internacional y el trabajo conjunto entre las autoridades para combatir eficazmente la explotación sexual infantil, incluso cuando los delincuentes intentan esconderse detrás de sus profesiones. La prisión preventiva del médico extranjero envía un mensaje claro de que no habrá impunidad para quienes se involucren en estos delitos aberrantes, independientemente de su posición o nacionalidad.
Cabe destacar que la investigación continúa en curso, con un plazo de 90 días establecido por el Ministerio Público. Este caso servirá como un precedente importante en la lucha contra la pornografía infantil en la región de Antofagasta y en todo Chile, reafirmando el compromiso de las autoridades por proteger a los niños y niñas de este tipo de abusos.
