Escándalo en el Senado: Exministra Vivanco Destituida y Sancionada por Abandono de Deberes

En un giro inesperado en el panorama político chileno, el Senado ha declarado improcedente la segunda Acusación Constitucional presentada en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Esta decisión llega después de que el Congreso aprobara la primera Acusación Constitucional en su contra, inhabilitándola por 5 años para ejercer cargos públicos debido a un notable abandono de deberes.

Una Situación Inédita en el Congreso

El informe solicitado a la secretaría de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta concluye que el Senado se encuentra en una situación sin precedentes, al tener que resolver sucesivamente dos acusaciones constitucionales contra una misma magistrada y por el mismo ilícito constitucional. Según el informe, el Senado está obligado a pronunciarse acerca de las acusaciones constitucionales que entable la Cámara de Diputados, con arreglo al artículo 52 de la Constitución Política de la República.

La Decisión del Senado

Tras analizar detenidamente el caso, el Senado decidió por unanimidad acoger el informe y ordenar el archivo de la segunda acusación contra Ángela Vivanco. Esto se debe a que, tal como se indica en el informe, el Senado, ya resolvió, en el estudio de la primera acusación constitucional, declarar culpable por notable abandono de deberes a la ex magistrada señora Ángela Vivanco Martínez, razón por la que está actualmente se encuentra destituida de su cargo e inhabilitada para desempeñar cualquier función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años.

Implicaciones y Principios Jurídicos

Según el informe, volver a sancionar a Vivanco por el mismo ilícito constitucional sería contrario al derecho público chileno y al derecho internacional, ya que se estaría castigando dos veces a la misma persona por el mismo delito, lo que vulnera el principio de prohibición de la doble punición. Además, se indica que una autoridad que ha sido destituida por una acusación constitucional previa, como sucede en este caso, no reúne un presupuesto procesal constitucional esencial para seguir adelante con esta acusación. En otras palabras, no puede ser destituido nuevamente de un cargo que ya no ejerce porque fue removido previamente por esta misma Corporación.

Conclusión

El caso de la exministra Ángela Vivanco ha generado un escenario inédito en el Congreso chileno, con dos acusaciones constitucionales consecutivas por el mismo ilícito. La decisión del Senado de declarar improcedente la segunda acusación y ordenar su archivo se basa en principios jurídicos fundamentales, como la prohibición de la doble punición y la imposibilidad de destituir a una autoridad que ya ha sido removida de su cargo. Este caso pone de manifiesto la complejidad y los desafíos que enfrentan las instituciones democráticas cuando se enfrentan a situaciones sin precedentes.