Escándalo en el Bío Bío: Alcaldes Reaccionan a la Querella del CDE Contra Boris Chamorro

La región del Bío Bío se ha visto sacudida por un escándalo político que involucra al alcalde Boris Chamorro. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una querella en su contra por el presunto delito de cohecho en el denominado caso Puerto Coronel.

Ante esta situación, los alcaldes de la región han expresado sus reacciones, mostrando una postura de cautela y llamando a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

Álvaro Ortiz, Alcalde de Concepción y Presidente Regional

El alcalde de Concepción y presidente regional del ente que reúne a los municipios en Bío Bío, Álvaro Ortiz, señaló que nadie está por sobre la ley. Además, comentó que si el CDE presentó la acción legal es porque tendría hechos, datos o antecedentes para poder hacerlo. Sin embargo, recalcó que las y los chilenos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Antonio Rivas, Alcalde de Chiguayante

Por su parte, el alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, miembro del mismo partido político que Chamorro, el Partido Socialista, expresó que será en los tribunales donde el alcalde de Coronel deba demostrar su inocencia. Rivas también señaló que Chamorro tiene todo el derecho de ir como candidato a un cargo de elección popular, pese a las dudas que pueda generar su postulación ante el panorama judicial que enfrenta.

Llamado a Mayor Control

El alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, espera que el Estado pueda generar mayores mecanismos de control, ya que los casos de corrupción, al margen del color político, dañan la fe pública hacia las instituciones.

Conclusión

El escándalo que involucra al alcalde Boris Chamorro ha generado reacciones entre los alcaldes de la región del Bío Bío. Mientras algunos llaman a la presunción de inocencia, otros exigen que Chamorro demuestre su inocencia en los tribunales. Independientemente de las posturas, todos coinciden en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia para evitar que este tipo de casos dañen la confianza de la ciudadanía en las instituciones.